L.FERRER/G.ROMANÏ «El encierro ha terminado pero no los problemas
de los inmigrantes», con esta expresión tanto el responsable del
Centro de Información al Trabajador Extranjero (CITE) de Balears,
Mustafá Boul'Harrak, como uno de los miembros de la comisión del
encierro de inmigrantes en la iglesia de Santa Cruz en Eivissa
resumían el día después del fin de esta movilización.
Unidos y más organizados que antes del encierro, los inmigrantes
que viven en Eivissa tienen varios frentes por los que luchar. 10
de los 60 encerrados han sido despedidos. Dos de los encerrados no
cumplen el requisito de estancia antes del 23 de enero para ser
regularizados y otros dos no tienen vivienda (uno ha sido acogido
en Santa Cruz por el vicario general y otro ha ido al albergue de
Cáritas). Sus compañeros aseguran que seguirán luchando por
ellos.
Por otra parte, la reunión de ayer entre la Delegación del
Gobierno, sindicatos y ONG en Palma ha supuesto algunas novedades.
Se elimina la fecha límite del 30 de junio para presentar los
papeles y éstos podrán pasarse por el registro de las oficinas que
habilite la Administración del Estado, Govern y Consell, a pesar de
que ayer la presencia de inmigrantes en el Consell Insular
d'Eivissa desconcertó al personal. Esta medida se ha tomado para
evitar los más que probables colapsos.
El colectivo de encerrados de Eivissa tendrá preferencia a la
hora de regularizar su situación pero, lejos de precipitarse, va a
establecerse un calendario de reuniones para intentar que todos los
requisitos estén cubiertos. Mustafá Boul Harrak lanza una
advertencia: «nada de prisas porque si se presentan mal los papeles
se puede ralentizar todo el proceso».
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