LAURA FERRER07/06/01 0:00
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Un grupo de 73 profesionales vinculados a las floristerías y viveros de Eivissa y Formentera (23 empresas que emplean a un centenar de personas aproximadamente) han firmado sendas cartas de queja dirigidas a la delegada del Gobierno en Balears, a la directora insular de la Administración del Estado en Eivissa, a la directora general de Comerç, a la presidenta del Consell Insular, el vicepresidente segundo del Consell, el conseller d'Economia, el conseller d'Agricultura y a los seis alcaldes de los municipios pitiusos en las que expresan su «más absoluta decepción» por «ausencia total» de respuestas positivas a las peticiones para que se acabe con la venta ambulante ilegal de plantas «que tanto dinero está costando a las empresas, al punto de poner en peligro los puestos de trabajo».

Los afectados aseguran que esta actividad fraudulenta reduce las ventas un 25 por ciento y denuncian que desde las instituciones sólo han sabido ponerles todo tipo de excusas para no afrontar el problema. Seis años después de las primeras denuncias sobre este tema constatan «con tristeza» que «la situación actual es muchísimo peor que la de antes».

El «clima de impunidad que existe en las Pitiüses» provoca que los que se dedican a la venta ilegal acudan en masa a Eivissa para trabajar. Los afectados desconocen la cantidad exacta que mueve este fraude cada año pero «está claro que se trata de cifras millonarias», señalaron.

Tal es el grado de desconfianza del sector en la labor de las instituciones que los miembros del colectivo de floristeros y viveros no dudan en dar por sentado -en la propia misiva- que las peticiones no serán atendidas.