Amics de la Terra y el GEN han recibido una notificación de la
Comisión Europea en la que señala acepta la denuncia sobre el
proyecto del dique de es Botafoc, en la que los ecologistas alegan
«la clara violación de la legislación europea que regula los
impactos sobre el medio ambiente». La Comisión Europea, que
subvenciona el 85 por ciento del proyecto del dique a través de los
Fondos de Cohesión, informa de que la denuncia será examinada «por
los servicios de la luz de Derecho Comunitario» (sin gasto alguno
para los denunciantes) y de que se mantendrá informados a Amics de
la Terra y al GEN de los resultados del examen y del procedimiento
de infracción.
La carta comunica que si la CE encuentra que se ha violado la
legislación comunitaria y el estado miembro acusado no pone fin a
dicha infracción, podrá recurrir al Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas para que adopte las medidas para poner fin a
las irregularidades. La denuncia ecologista fue enviada en febrero
de este año a cuatro departamentos de la Unión Europea, al Tribunal
de Cuentas de Luxemburgo y a Jaume Matas. En el documento acusaban
a las autoridades españolas de diversas irregularidades e
infracciones y lo completaron con una recopilación de documentos de
apoyo.
Los ecologistas han explicado que la denuncia se centra en
varias irregularidades, que «según la legislación nacional y
comunitaria son consideradas como graves». Así, aseguran que el
proyecto del dique y su carretera de acceso «no cuentan con un
Estudio de Impacto Ambiental (EIA) propio que haya sido expuesto al
público, sino que se ha utilizado el mismo EIA elaborado para el
Plan Especial del Puerto, que ha sido declarado inviable e ilegal
por el TSJB».
Además, recalcan que «no se ha presentado un estudio de los
impactos de la extracción de los áridos requeridos para las obras,
ni se informa en ningún momento sobre las canteras de donde se
extraerán». Por otra parte, los ecologistas apuntan a que el
proyecto incluye actuaciones que no han sido expuestas al público
como los impactos provocados por el dragado y posterior vertido de
200.000 m3 de fangos extraídos de donde se construirá el dique.
«Tampoco se ha estudiado -afirman GEN y Amics de la Terra- como
afectará el aumento de las extracciones de áridos».
La Autoritat Portuària asegura que cumple la ley
'celosamente'
La Autoritat Portuària de Balears reaccionó ayer a las
declaraciones de GEN y Amics de la Terra asegurando que cumple
«celosamente» con la legislación vigente. Punto por punto, la
institución portuaria aporta argumentos con los que pretende echar
por tierra los de los ecologistas, a pesar de que la admisión de la
demanda es un hecho. Así, aseguran que el estudio de impacto
ambiental se realizó al margen del Plan Especial del Puerto y que
se publicó en 1994.
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