El Govern prepara una norma urbanística para establecer el sistema
de cupos de licencias, que ya aplica el Ajuntament de Calvià, en
todo el territorio balear. Con este sistema se pretende contener la
presión de la construcción en las Islas fijando números clausus en
las licencias: cada año se otorgarían un número de licencias
previamente establecido.
En un principio, la propuesta del cupo de licencias es una de
las cuestiones que incorpora el proyecto de ley de reforma de las
Directrices de Ordenación del Territorio, que se encuentra en una
fase muy avanzada. Sin embargo, el informe del Consell Consultiu
sobre el cupo de licencias de Calvià ha precipitado las cosas. El
órgano asesor dictaminó que el Ajuntament de Calvià no podía
aprobar una medida de estas características porque no tenía
respaldo legal y chocaba con la Ley de Disciplina Urbanística. Como
consecuencia del contenido de este dictamen, sectores del Pacte
exigen que no se espere a la reforma de las Directrices de
Ordenación y que la norma se apruebe de forma urgente a través de
una nueva moratoria. Esta nueva norma cautelar estaría en vigor
hasta la aprobación de la reforma de las Directrices.
La discusión está ahora en saber, por tanto, si el sistema de
cupos se incorpora en la reforma de las Directrices o si se aprueba
por moratoria. PSM y EU-Els Verds son partidarios de que la medida
se apruebe cuanto antes ya que, de esta forma, se daría además
cobertura legal al cupo establecido en Calvià, que seguramente no
será aprobado en la Comissió Insular d'Urbanisme como consecuencia
del dictamen del Consell Consultiu. Pero a este punto de discusión
se suma otro de capital importancia: saber qué institución fijará
los cupos. En principio, el proyecto del Govern apuesta porque sea
el propio Ejecutivo quien decida el cupo que corresponde al propio
Ajuntament. Con este sistema se garantizaría que todos los
municipios aplican la medida y se evitan la posibilidad de que la
construcción de concentre en aquellos ayuntamientos que no
establecen cupos.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que las competencias en
materia de ordenación del territorio están en manos de los consells
insulars, por lo que otra opción es dejar que sean las
administraciones insulares quienes redacten la norma. El proyecto
del Govern también incluye la posibilidad de facultar a los
ayuntamientos a que ellos establezcan los cupos de licencias, pero
esta propuesta se incluiría en la futura ley del suelo, sobre la
que también está trabajando la Conselleria d'Obres Públiques.
El año pasado se visaron en Mallorca 11.602 viviendas
con capacidad para 40.000 habitantes
El ritmo de la construcción es tan elevado que, a lo largo del año
2000, se visaron un total de 11.602 nuevas viviendas en Mallorca,
lo que significa que se visaron proyectos de viviendas para más de
40.000 habitantes. Tan sólo por lo que respecta al Ajuntament de
Palma, durante el año 2000 concedió 4.596 licencias de viviendas
plurifamiliares, 354 adosados y 110 para viviendas unifamiliares,
según los datos de que dispone el Colegio de Aparejadores de
Mallorca.
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