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NEKANE DOMBLÀS/EFE
El ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y el diputado socialista de Menorca, Albert Moragues protagonizaron ayer un tenso debate en el Congreso que incluso llevó a la secretaria general de Grupo Socialista, María Teresa Fernández de la Vega, a solicitar el amparo de la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi. El tumulto parlamentario, trufado de aplausos, abucheos y rumores de los diputados, comenzó cuando Jaume Matas respondía una pregunta de Moragues sobre el censo de emigrantes en Balears.

El ministro aseguró que Moragues es la persona «menos indicada para hacer esta pregunta» y afirmó que el diputado socialista, a través de una empresa pública, «dilapidó más de 50 millones de pesetas». Acusó a Moragues de haber fundado una empresa privada de la que poseía el 33 por ciento de las acciones «que comercializaba todo el comercio que realizaba esta empresa pública, que perdió 40 millones de pesetas, todo para su lucro personal».

Las palabras del ministro provocaron una airada reacción de Teresa Fernández de la Vega, quien consideró «poco razonable» la imputación de Matas cuando el diputado ya no tenía derecho a réplica y solicitó el amparo de la presidenta. Luisa Fernanda Rudi afirmó que en otras ocasiones se han hecho imputaciones semejantes sin que hubiera llamadas al orden.

Pese a que Rudi se mostró convencida de que Matas no tendría inconveniente en retirar sus palabras, el ministro aseguró que lo único que había hecho era «expresar unos hechos y unos datos que son reales, que han sucedido y que están a disposición de los diputados». La respuesta de Matas provocó que el PSOE pida una reunión urgente de la Junta de Portavoces a la que se ha sumado toda la oposición menos CC.

Por lo que respecta al debate sobre los emigrantes, Moragues aseguró que la acción de Matas «huele a manipulación de voto y a métodos antidemocráticos para mantenerse en el poder». Matas contestó que todas las comunidades hicieron lo mismo que Balears.

Moragues presidió una empresa pública que hizo quiebra fraudulenta
Las acusaciones de Matas se refieren al llamado 'caso EMPSA', la quiebra fraudulenta de una piscifactoría de la que el Consell de Menorca era accionista mayoritario. En su calidad de vicepresident del Consell, Moragues presidió el Consejo de Administración de la empresa, pero a la vez poseía el 33 por ciento de las acciones de una empresa que comercializaba todo el pescado de la piscifactoría. Ante los problemas financieros de la empresa, el Consell solicitó la quiebra de EMPSA, quiebra que fue declarada fraudulenta por un juez. La sentencia detectó graves irregularidades en las cuentas de la piscifactoría, entre ellas, que la contabilidad no reflejó lo ingresos reales, que tuvieron que ser muy superiores.