El pleno del Parlament balear aprobó ayer, con la oposición del
grupo del PP, la Ley del Impuesto sobre Estancias en Empresas de
Alojamiento Turístico, conocido como ecotasa y destinado a la
dotación de proyectos de rehabilitación de zonas turísticas y
espacios naturales. El nuevo impuesto, el primero de sus
características aprobado en España, fue defendido por los grupos de
izquierdas y nacionalistas que apoyan al Govern como la única
alternativa para lograr recursos económicos con los que compensar
el sobrecoste que supone para la Comunitat recibir cada año diez
millones de turistas.
Por contra, el PP defendió que la implantación de este gravamen
«injusto, discriminatorio y arbitrario» incidirá negativamente en
la competitividad del principal sector productivo del archipiélago.
La normativa promovida por el Gobierno balear supondrá que, seis
meses después de su publicación en el boletín oficial de la
Comunitat, todos los turistas mayores de 12 años que no viajen
gracias a programas sociales subvencionados y que se alojen en
establecimientos turísticos pagarán una media de un euro diario,
obligación cuyo cumplimiento deberán garantizar los hoteleros.
El portavoz adjunto del Partido Popular, Joan Flaquer, vaticinó
que la pérdida de competitividad del turismo balear que ocasionará
el nuevo impuesto provocará además una reducción de los puestos de
trabajo, por lo que calificó el proyecto de «descabellado».
Asimismo, consideró que el impuesto es «discriminatorio porque sólo
afecta a un subsector del turismo», como es el negocio hotelero,
mientras que no incide en la desaparición de una bolsa de
alojamientos ilegales que supone un fraude fiscal anual estimado de
10.000 millones de pesetas.
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