El diputado del Partido Popular, Pere Palau, aseguró ayer que la
ecotasa «es un impuesto negativo, injusto, y resta competitividad».
A su juicio, «no es aceptable que Balears sea la única comunidad
española que tiene un impuesto para aplicarlo a los turistas que
vayan a pasar sus vacaciones». Palau auguró una recesión del sector
turístico y una bajada de calidad, «si hay más gasto, habrá menos
calidad». señaló. El PP vaticina que la aprobación del impuesto
turístico supondrá «una penalización del turismo de más calidad».
Palau se refiere, en este sentido, a que la ley contempla que los
hoteles de más categoría, de cinco estrellas, se abonen dos euros
en vez de uno. «Estos hoteles están gravados con un IVA superior a
los otros», precisó.
Palau considera que no se trata de «un cambio de modelo
turístico, sino se intenta ordeñar al sector turístico para
conseguir un mayor número de ingresos». Además, expresó sus dudas
acerca de «la finalidad de estos ingresos, ya que la ley dice que
para temas turísticos o ambientales, pero no es un impuesto
finalista». De este modo, opina que el dinero recaudado puede
destinarse «a los capítulos de asesores, personal y de estudios».
El diputado del PP aclaró que su partido «no está en contra de que
se haga una inversión importante en materia de infraestructuras,
pero que no vaya en cargo a un nuevo impuesto». Palau aludió en
concreto al proceso de financiación que esta negociando el Estado
con la Administración central.
Palau añadió, además, que la puesta en marcha del impuesto
turístico, dentro de seis meses, coincidirá con la próxima
temporada de invierno: «Es una mala inauguración de un impuesto en
temporada de invierno cuando tanto cuesta traer a los turistas.
Está mal pensado y deberían de recapacitar».
Tras la aprobación de la ley, el portavoz adjunto del Partido
Popular, Joan Flaquer, recordó que el presidente del Govern,
Francesc Antich, aseguró en su investidura que aprobaría esta ley
con el consenso del sector y le reprochó que, como le ha ocurrido
en sus relaciones con otros grupos económicos, no haya logrado un
acuerdo con los empresarios. Flaquer solicitó al Govern que
retirase el proyecto y que aceptase el apoyo de la oposición para
negociar con el Gobierno un sistema de financiación «más justo»
para el archipiélago.
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