El conseller de Treball, Eberhard Grosske, visitó ayer Eivissa
acompañado por Carmen Font, directora del Institut de Salut
Laboral, para presentar al que será el primer técnico de salud
laboral -figura que depende del Govern- que trabajará de forma
permanente y estable en las Pitiüses, Màrius Martí. Grosske admitió
que el compromiso de establecer esta figura se ha visto retardado
«por problemas de contratación e incorporación de esta figura en el
catálogo de puestos». Martí se incorpora el próximo lunes a su
cargo, que queda establecido en la sede de Treball en el Blanca
Dona.
El nuevo técnico trabajara en conjunto con Inspección de Trabajo
que, a partir de mayo, incrementará hasta 120 el número de visitas
anuales a Eivissa. A pesar de este aumento, Grosske cree que «lo
razonable sería tener una oficina fija». Los mayores controles de
la nueva figura permanente serán en construcción, un sector que cae
en numerosos incumplimientos de la normativa «porque lo importante
es acabar rápido», señaló el conseller. Admitiendo el escaso
cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, incluso
«por parte de las instituciones públicas», Grosske rechazó «el
abuso del error humano como causa de los accidentes cuando muchas
veces estos despistes se ven propiciados por la escasez de medios
de prevención o un ritmo de trabajo frenético». El acuerdo entre el
Govern y la Inspección de Trabajo para trabajar juntos ha dado los
primeros resultados en Mallorca, donde se ha multiplicado por
cuatro el ritmo de paralización de las obras «ilegales». Grosske
espera llegar a este ritmo en las Pitiüses.
El conseller de Treball no dudó en señalar que «si el panorama
del Estado español es malo, el de Balears es peor, y el de las
Illes Pitiüses es especialmente malo dentro del conjunto». Grosske
cree que Eivissa y Formentera están «en unos parámetros
intolerables». La colaboración entre todos los agentes implicados
«para mejorar la situación» es «imprescindible». Aunque el
conseller matiza que hay «unos culpables primeros de la
siniestralidad, que son los que incumplen la normativa» existen
«muchos más responsables». Entre ellos citó a la Administración del
Estado, que regula la normativa general, a la Conselleria de
Treball, a los empresarios en general y a los sindicatos. «Los
ayuntamientos también tienen que ver porque el construir sin
licencias y sin proyectos incide en la alta siniestralidad» ,
señaló el conseller.
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