El presidente de la Autoritat Portuària reconoció ayer en Eivissa,
tras la reunión del Consell de Navegació i Port d'Eivissa, que el
retraso sobre la previsión de conclusión del dique hasta octubre
del 2002 obliga a este organismo «a solicitar una prórroga ante la
comisión de seguimiento de los Fondos de Cohesión de la UE» para
que no haya problemas con la financiación Europea, de más de 4.000
millones, al proyecto. El plazo marcado como límite para la
financiación de la obra en el contrato es julio de 2002 por lo que
la Autoritat Portùaria deberá justificar las causas del retraso de
tres meses sobre la fecha.
La última demora se debe, según Triay, a que la draga que iba a
succionar los fondos sobre los que se asentará el dique no se ha
podido contratar hasta contar con los permisos para el vertido.
«Este tipo de máquinas son escasas y están muy reclamadas para
proyectos en cualquier lugar del mundo», remarcó el presidente de
la Autoritat Portuària, que presentará este y otros argumentos ante
la comisión de seguimiento de los Fondos de Cohesión.
Triay recordó que el dragado comenzará en mayo y se prolongará
durante cuatro semanas. El departamento arqueológico del Consell
Insular realizará un seguimiento del proceso para comprobar si hay
algún resto entre los materiales extraídos. «Se trata -dijo el
responsable de Ports- de dar la máxima seguridad» porque los
estudios arqueológicos previos ya descartan la presencia de
vestigios. Con respecto al vertido de los fondos extraídos, Triay
reiteró que cuentan con todos los permisos y que no van a realizar
un estudio de impacto ambiental del depósito de dragados «porque no
hay obligación».
Recalcando que la obra no cuenta con irregularidades «de ningún
tipo», Triay aseguró que el retraso de las obras «no supondrá
ningún incremento en el coste final» porque hay «un margen
suficiente en el presupuesto como para asumir las modificaciones en
los planes iniciales». Triay manifestó ayer sentirse «tranquilo» en
lo que respecta al proyecto y señaló que cuentan «con todo el apoyo
de la Administración española».
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