El Consorcio Eivissa Patrimonio de la Humanidad, encargado de velar
por los bienes distinguidos por la Unesco y su entorno, echa a
andar con un presupuesto de 3.500 millones de pesetas. Govern
balear, Consell Insular y Ayuntamiento de Eivissa, instituciones
fundadoras de esta entidad, acordaron ayer en su primera reunión
oficial (a la que acudió el presidente de honor del consorcio, que
es el presidente del Govern balear, Francesc Antich) solicitar un
préstamo por esta cantidad que será sufragado en un plazo de quince
años a partes iguales por las tres administraciones.
El presidente del Consorcio y alcalde de Eivissa, Xico Tarrés,
explicó que según las primeras previsiones esta cantidad tardará
aproximadamente tres o cuatro años en invertirse, aunque el ritmo
dependerá de la rapidez con la que vayan ejecutándose los proyectos
que apruebe el consorcio. La nueva entidad ha elaborado ya la
primera memoria de iniciativas, aunque ésta aún no está aprobada
definitivamente y seguramente recibirá el visto bueno dentro de
quince días, en la misma fecha que el presupuesto. De momento, el
encuentro de ayer sirvió para que todos los miembros elegidos para
formar parte de la junta rectora mantuvieran un primer encuentro y
sentaran las bases del trabajo futuro. Tarrés dijo, en cualquier
caso, que los proyectos están prácticamente consensuados y que
contemplan mejoras como las incluidas en el Plan Especial de
Protección y Reforma Interior (PEPRI) de Dalt Vila, Sa Penya y la
Marina.
Otro de los aspectos que quedó acordado en la reunión de ayer es
la dotación de personal propio que tendrá el consorcio y que
incluirá, para empezar a trabajar, un gerente, un administrativo,
dos arquitectos y un técnico jurídico. Todos ellos se dedicarán en
exclusiva a la nueva institución, en lugar de trabajar para la
Administración y ejercer una labor complementaria en el consorcio.
Finalmente, los miembros del consorcio también trataron en su
encuentro de ayer la integración en el mismo del Ministerio de
Cultura y el Obispado de Eivissa y Formentera. El primero ha
manifestado a través de una carta firmada por la ministra, Pilar
del Castillo, que está conforme con los estatutos y desea
adherirse, mientras que el segundo se considera un interlocutor
necesario por su relación con el patrimonio eclesiástico y ambas
partes creen que debe establecerse una colaboración mutua.
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