La entrada en vigor del pacto regulador de las condiciones
laborales de los funcionarios del Ayuntamiento de Eivissa ha
provocado una difícil situación en la Policía Local de Eivissa que,
según ha podido saber este periódico, se encuentra profundamente
dividida por el hecho de que determinados sindicatos apoyaran el
texto con su firma.
Al parecer, durante las últimas semanas muchos agentes han
pedido explicaciones sobre por qué se aceptó un acuerdo que supone
un retroceso en muchos de los derechos adquiridos de los
funcionarios y se han llegado a recoger unas cuarenta firmas
solicitando una reunión urgente en la que la junta de personal
informara sobre el contenido del a acuerdo.
Un representante del sindicato STIB que apoyó el convenio, José
Luis Torres Ramón, ha presentado su dimisión irrevocable y no se
descartan otras renuncias como consecuencia del malestar y la
fuerte tensión que se vive en los últimos días. De hecho, tanto el
STIB como UGT, los sindicatos que firmaron el convenio, se han
visto obligados a convocar reuniones informativas el próximo lunes,
algo que también hará el jueves la Federación de Bomberos y
Policía, una organización que no apoyó el texto porque nunca lo
consideró positivo y porque, según denuncia su representante
Antonio Núñez, durante la negociación fueron excluidos y dejados al
margen de un proceso que incluyó numerosas irregularidades.
Núñez señaló que con este acuerdo y con el catálogo de puestos
no se ha solventado ninguno de los problemas de los agentes. Este
policía explicó que se les ha subido el sueldo 8.000 pesetas
(incluyendo el 2% de incremento del IPC que financia el Gobierno) y
que, por contra, han perdido muchos derechos sociales que tenían
hasta el momento. Este sindicalista denunció que, además, la
desorganización es ahora mayor que nunca, que se están produciendo
más designaciones a dedo que en periodos anteriores y que ni
siquiera se han fijado los criterios por los que se repartirá la
productividad variable que, en su opinión, tiene todos los visos de
convertirse en una paga fijada a dedo por el alcalde.
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