Los municipios de Balears aplicarán el plan de seguridad en las
playas implantado en Formentera como experiencia piloto el año
pasado. La presidenta de la Federació d'Entitats Locals de les
Illes Balears (Felib), Margarita Nájera, anunció ayer que «la
Conselleria d'Interior está trabajando para poder aplicar un
proyecto de estas características al resto de Balears». La
propuesta fue presentada por el alcalde de Formentera, Isidor
Torres, en las II Jornadas de Municipios y Turismo y contó con el
apoyo de la Conselleria d'Interior, que realizó una experiencia
piloto para la seguridad de las playas el año pasado.
El derrumbe del edificio de Viajes Barceló y el siniestro del
hotel Tivolí también fueron dos de las cuestiones de interés
tratadas por los municipios. De este modo, se han mantenido
reuniones con el Govern «para aunar esfuerzos y que nos ayuden para
que no ocurran estas situaciones», explicó. La Felib celebró ayer
la reunión de la comisión permanente en Eivissa con lo que se
cumple el objetivo de que «no existan fronteras, problemas en el
ámbito municipal ni que se tengan dificultades, desde el punto de
vista geográfico, para colaborar con los alcaldes de Balears»,
señaló.
En la reunión de la Felib se aprobó un plan de formación
continua de 41 millones, que se destinará tanto a funcionarios como
a cargos electos. El plan hace hincapié en nuevas tecnologías y en
gestión medioambiental. Además, la formación afectará a temas como
la violencia doméstica. «Es importante la formación de los
funcionarios municipales, que sepan atender y resolver estas
situaciones», indicó la presidenta. Nájera, además, se refirió a la
Ley de Extranjería aludiendo a las declaraciones de un alto cargo
del PP recomendando no censar a los inmigrantes. «Ha habido un
rebote claro de los municipios, porque nuestro compromiso es censar
a todos los ciudadanos», precisó. Añadió que «hay una serie de
obligaciones en las que los municipios tienen un compromiso, por lo
que es necesario trabajar en la formación sobre estas
cuestiones».
El plan recoge un problema con el que se encuentran los
municipios en la repatriación de cadáveres de extranjeros
fallecidos, ya que se encuentran con «procesos burocráticos de
cierta dificultad por lo que se necesita formar». Otra de las
propuestas que se abordó es una iniciativa para contar con un
inventario de edificios a rehabilitar, derribar o conservar.
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