Milena Herrera20/02/01 0:00
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Nueve ciudadanos de las Pitiüses (cuatro de Eivissa y cinco de Formentera) han presentado ya una solicitud para acceder a las indemnizaciones que otorgará el Govern balear a aquellas personas que sufrieron prisión durante la Dictadura y no pudieron acogerse a las ayudas que ya otorgó el Gobierno del Estado en los años 1990 y 1992.

El conseller de Presidència del Ejecutivo autonómico, Antoni Garcías, explicó ayer en Eivissa que la cuantía de las ayudas aún no está fijada porque en estos momentos se están estudiando todas las solicitudes para conocer más de cerca la situación del colectivo afectado. En función del número de personas que pidieron la ayuda estatal en la década de los 90 y que por algún requisito formal no la recibieron, el Govern calcula que podría recibir ahora unas 500 peticiones.

Garcías señaló que los requisitos son menos estrictos que los que marcó el Estado y así, por ejemplo, no se establece un tiempo mínimo de estancia en prisión y se reconoce el cautiverio de las personas que estuvieron en batallones disciplinarios. Se aceptarán las solicitudes de los que hayan cumplido los 65 años el 31 de diciembre de 1994 (el Estado exigía que se cumplieran en 1990) y podrán beneficiarse de la ayuda tanto los cónyuges viudos como los hijos disminuidos.

Además, el Ejecutivo formará una comisión de expertos para estudiar aquellos casos que no estén documentados materialmente y comprobar la veracidad de los testimonios aportados. El objetivo, apuntó Garcías, «es que no quede ninguna persona excluida» para poder compensar el «perjuicio histórico» que sufrieron las víctimas del fin de la guerra civil española.