Nueve ciudadanos de las Pitiüses (cuatro de Eivissa y cinco de
Formentera) han presentado ya una solicitud para acceder a las
indemnizaciones que otorgará el Govern balear a aquellas personas
que sufrieron prisión durante la Dictadura y no pudieron acogerse a
las ayudas que ya otorgó el Gobierno del Estado en los años 1990 y
1992.
El conseller de Presidència del Ejecutivo autonómico, Antoni
Garcías, explicó ayer en Eivissa que la cuantía de las ayudas aún
no está fijada porque en estos momentos se están estudiando todas
las solicitudes para conocer más de cerca la situación del
colectivo afectado. En función del número de personas que pidieron
la ayuda estatal en la década de los 90 y que por algún requisito
formal no la recibieron, el Govern calcula que podría recibir ahora
unas 500 peticiones.
Garcías señaló que los requisitos son menos estrictos que los
que marcó el Estado y así, por ejemplo, no se establece un tiempo
mínimo de estancia en prisión y se reconoce el cautiverio de las
personas que estuvieron en batallones disciplinarios. Se aceptarán
las solicitudes de los que hayan cumplido los 65 años el 31 de
diciembre de 1994 (el Estado exigía que se cumplieran en 1990) y
podrán beneficiarse de la ayuda tanto los cónyuges viudos como los
hijos disminuidos.
Además, el Ejecutivo formará una comisión de expertos para
estudiar aquellos casos que no estén documentados materialmente y
comprobar la veracidad de los testimonios aportados. El objetivo,
apuntó Garcías, «es que no quede ninguna persona excluida» para
poder compensar el «perjuicio histórico» que sufrieron las víctimas
del fin de la guerra civil española.
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