El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, se ha dirigido al
alcalde de Formentera, Isidor Torres, para comunicarle oficialmente
que su oficina y en el tema de las casetas varadero «no aprecia
irregularidad en la actuación de las mismas (en referencia a las
administraciones implicadas) que justifique continuar las
investigaciones iniciadas». El punto de arranque está en una
denuncia efectuada por el GEN en la que se señalaba la existencia
de casetas varadero que no se ajustaban ni a la finalidad ni a las
características que en teoría debe tener una caseta varadero.
Tras un largo periodo en el que hubo muchas declaraciones aunque
pocas gestiones por parte del ayuntamiento de Formentera, formado
por el PP y el GUIF, la llegada de la COP al Consistorio provocó un
cambio en la situación, tal y como remarca el defensor del Pueblo
cuando reconoce que la reunión mantenida en el cine de Formentera
el 3 de febrero «en la que participó ese Ayuntamiento de
Formentera, la Consejería de Cultura del Consejo Insular y el Jefe
de Costas de la demarcación de Baleares, en atención a la petición
formulada por usted con fecha 12 de enero».
«En ella se expusieron los estudios realizados, la legislación
vigente sobre la materia y las líneas de actuación a seguir -señala
Múgica Herzog-, y con fecha 4 de febrero se remitió a esa Alcaldía
un modelo de instancia a utilizar por los interesados en solicitar
la legalización de las ocupación de las casetas-varadero en los
términos previstos en la Disposición Transitoria 4ª de la Ley de
Costas».
Una de las medidas cruciales para que las casetas varadero de
Formentera se mantengan en pie, con los pertinentes arreglos en los
casos en que ello sea necesario, fue la medida anunciada por la
consellera de cultura del Consell Insular, Fanny Tur que en la
reunión de febrero avanzó que el Consell las declararía BIC, Bienes
de Interés Cultural en su modalidad etnológica.
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