Tal y como denunció hoy el PP, una de las cláusulas del contrato
con el ex director general del Parc Bit, Felio Morey, obligaba a la
parte que rompiera la relación a indemnizar a la otra con la
cantidad que restara de un contrato por 10 años con salario anual
de 12 millones de pesetas, cifra que en su caso suponía una cifra
de 112 millones. Aunque Felio Morey dimitió hace unas semanas,
finalmente se llegó a un acuerdo por ambas partes para que no se
pagara esta elevada indemnización.
Tras la habitual reunión del Consell de Govern de los viernes,
el conseller de Presidencia explicó que, aunque con el PP «eran
habituales» este tipo de contratos, el Ejecutivo balear entiende
que «no se deben hacer», a pesar de que la consellera lo firmó «sin
mala intención», insistió Garcías. Al mismo tiempo, destacó su
gestión al frente del departamento de Innovación y Energía.
Misericordia Ramón trasladó al presidente su «firme convicción
de haber actuado en todo momento en el más estricto respeto a la
ética política y a la moral pública», por lo que Francesc Antich ha
elogiado «su espíritu de servicio al Govern y al país que siempre
le ha caracterizado en sus actuaciones».
Garcías mantuvo que «ya nos hubiera agradado que otros gobiernos
autonómicos», en directa alusión al PP, hubieran tomado «ejemplo» y
actuado igualmente, al tiempo que criticó que desde la formación
popular «se escandalicen, en vez de mirar lo que ellos hacían».
Ramón «ha considerado como máxima responsable de la Conselleria
que, sin ningún tipo de intención, se cometió un error y ella lo ha
asumido al formalizar un contrato que el Govern considera que no es
adecuado».
Insistió en explicitar el «respeto y la muy buena consideración»
del trabajo desarrollado por la consellera, que sirve para
«reforzar» el ejemplo a los ciudadanos de «cómo se debe actuar en
política». El cese de Ramón, que formaba parte del Ejecutivo
insular desde el 28 de julio de 1999, se dio a conocer después de
la reunión del Consell de Govern, al que ella ya no asistió.
El titular de Presidencia anunció también que el nuevo
responsable de Innovación y Energía será nombrado «inmediatamente»
y que el Govern ha destituido recientemente, también por su
relación y responsabilidad en este asunto, a la gerente del Parc
Bit, María Ballester, quien Garcías recuerda que fue nombrada en su
día por el PP.
Para Garcías, con la dimisión de Ramón, la imagen del Govern
«queda reforzada» al actuar de forma coherente con su programa
político y demuestra a la ciudadanía que en el Govern del «Pacto de
Progeso no estamos aferrados a los cargos». Ante las insistentes
preguntas de los periodistas, Garcías mantuvo que el Govern ha
actuado con rapidez ante este problema, aunque desde hace un mes se
conocía públicamente la existencia de este contrato.
Negó con rotundidad que, en su día, el nombramiento de Felio
Morey fuera impuesto a la consellera, y defendió que cada conseller
es responsable del nombramiento de los cargos de su departamento.
Respecto a la petición del cese realizada esta mañana por el PP, el
conseller respondió que la política de contratos «blindados» que
solía realizar el Ejecutivo popular «contradice sus actuales
palabras». La «línea» del actual Govern es «totalmente distinta» a
la del PP porque Ramón, «una persona que ha actuado correctamente y
que ha asumido un error», ha presentado su dimisión porque «por
encima de ella está el Govern».
Por su parte, el portavoz parlamentario del PP, José María
González Ortea, aseguró que la consellera «no tenía otra salida
digna» que la dimisión, aunque señaló que «hay más
responsabilidades que depurar» respecto al «blindaje»
multimillonario del ex director del Parc Bit. González Ortea pidió
la dimisión de Ramón, minutos antes de hacerse pública.
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