El Parlament balear admitió ayer a trámite, con los votos de los
partidos que sustentan al equipo de gobierno y la abstención del
Partido Popular, la toma en consideración de la propuesta de la
comisión técnica interinsular de atribuir las competencias de
servicios sociales y seguridad social a los consells insulars.
Según establece la exposición de motivos, con este proyecto los
consells podrán desplegar, dentro de su territorio y en el ámbito
de la planificación autonómica, una ordenación propia más sensible
y eficaz en cuanto a las necesidades específicas y una gestión más
directa de los servicios sociales. Esto «se traducirá en una mejora
de la prestación de los servicios sociales hacia los ciudadanos de
las Illes Balears», según aseguró la consellera de Benestar Social,
Fernanda Caro.
El PP se abstuvo porque, aunque está de acuerdo con esta ley al
aproximar los servicios a los ciudadanos, las cantidades
establecidas «son un clarísimo agravio comparativo para las islas
menores en favor de Mallorca». Para el diputado popular Antoni
Pastor, las primeras materias de esta legislatura que se admiten a
trámite para ser traspasadas «cuentan desde su inicio con un
déficit presupuestario de 2.000 millones de pesetas, cantidad que
deberán asumir los consells», por lo que auguró que bienestar
social y seguridad social «serán imposibles de gestionar».
La consellera defendió que «ni mucho menos» existe un déficit
para gestionar estas dos materias y recordó que para la redacción
de este proyecto se ha celebrado un amplio debate con los consells.
También hizo hincapié en que el texto recoge unas cláusulas para,
con sus correspondientes partidas, dotar a Eivissa y Formentera y
Menorca de nuevas plazas para personas mayores y discapacitadas,
así como la firma de convenios que «darán respuesta a futuras
necesidades que se puedan producir».
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