Un momento de la reunión que mantuvieron ayer los empresarios de Formentera para tratar los problemas del transporte. Foto: G.R.

GUILLERMO ROMANÍ El presidente de los empresarios de Formentera, Joan Serra i Mayans, expresó ayer, tras la reunión que mantuvo el sector para tratar los problemas del transporte, el «pesimismo general» del colectivo ante «todo un año de gestiones frustradas» para romper la situación de «monopolio» que mantiene Gestión Naviera C.B. «con todos los problemas que ello genera a los empresarios y habitantes de Formentera».

El portavoz de la Pime de Formentera aseguró que el colectivo exige soluciones antes del próximo 28 de febrero y que, de lo contrario, adoptarán «aquellas medidas necesarias» para defender sus intereses. El presidente de los empresarios hizo un análisis de todo un año de gestiones, que definió como «frustradas», afirmando que no han sido capaces de conseguir «nada» en relación al tema del transporte marítimo de mercancías.

El máximo responsable de los empresarios formenterenses ha remarcado que el transporte «es un problema vital para la isla, por lo que reconocer que en un año no hemos conseguido nada implica un gran sentimiento de frustración». Para los empresarios de Formentera está «muy claro» que no se trata de un problema con la empresa privada, ya que «es la Administración la que tiene que garantizar en todo momento el suministro de mercancías a Formentera». Este problema «no se arregla dando subvenciones, cueste lo que cueste, para que los formenterenses puedan ir a Eivissa cuando quieran», afirmó Serra i Mayans.

A la reunión asistieron más de 30 empresarios mayoristas, comerciantes, constructores y distribuidores al por mayor de alimentación. Al finalizar el encuentro Serra i Mayans avanzó que han solicitado audiencia al presidente Antich y que pedirán otro encuentro a la Direcció General de Transports, a fin de que escuche su opinión en el estudio que está realizando sobre si hay o no monopolio en Gestión Naviera C.B. Serra considera que es el Govern balear, el Estado y la UE «quienes deben garantizar el transporte con la isla».