El Consell de Govern celebrado ayer aprobó el anteproyecto de la
Llei Autonòmica de Comerç, una polémica normativa que entrará en el
Parlament el próximo lunes para ser tramitada y que nace con la
filosofía, según aseguró el conseller de Presidència, Antoni
Garcias, «de proteger al comercio tradicional y a los
consumidores».
Con el paso que dio ayer, el Ejecutivo concluye un proceso de
redacción y negociación, («hemos querido que la normativa esté
consensuada», dijo Sampol), que concluirá después del verano,
cuando la ley sea sometida a votación en el Parlament.
Pere Sampol ya se ha asegurado el apoyo de los socios del Pacte
aunque son recientes, todavía, los conflictos generados por el
calendario de apertura comercial en festivos (que se ha solucionado
estableciendo que se negociará cada año) y por la limitación de
superficies (el CIM reclamaba esta potestad pero Garcias dejó claro
que se trata de una competencia exclusiva del Govern).
Así, el borrador podrá sufrir «cambios mínimos» a través de
enmiendas parlamentarias y aún tiene que enfrentarse a un casi
seguro recurso que interpondrá ante el Tribunal Constitucional el
Ministerio de Economía por considerar que es contraria a lo
dictaminado por el decreto liberalizador del Gobierno central.
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