El Consell Insular tendrá que comunicar al Govern de les Illes
Balears su decisión de aceptar las competencias de bienestar social
pero haciendo una serie de puntualizaciones. El pleno de la
institución, con los votos en contra del equipo progresista, aprobó
ayer las alegaciones presentadas por el conseller del grupo mixto,
Joan Buades, que reclaman un suplemento de 419 millones de pesetas
en el año 2001 sobre la cantidad inicialmente pactada, otros 975
millones en el año 2002 y 1.268 en el año 2003, así como una
cantidad total de 1.000 millones repartidos en cuatro ejercicios
para construir nuevas infraestructuras.
A pesar de que la consellera de Benestar Social del Consell,
Sofía Hernanz, consideró que se trata de una ley de transferencias
«inédita y excepcionalmente positiva», los consellers del PP
convinieron con Buades en que la dotación económica es totalmente
insuficiente para las necesidades en materia social que tienen
Eivissa y Formentera. Hernanz insistió en que estaba previsto en la
ley que el Govern pagara, no sólo el coste efectivo (es decir, lo
que actualmente cuesta mantener los servicios con los que se
cuenta), sino también una cantidad para paliar el «agravio
comparativo» que han sufrido las Pitiüses en las últimas décadas en
infraestructuras.
Buades no discutió que estas transferencias vengan mejor dotadas
que otras anteriores, pero dijo que de ahí a concluir que fueran
suficientes había un largo camino. «Els Verds queremos
transferencias y queremos un auténtico gobierno insular, pero no
queremos que nos tomen el pelo», le dijo Buades a Hernanz, que en
un momento del debate intentó presionar al conseller diciéndole que
su voto en contra podría suponer no avanzar en el autogobierno y
permitir que las competencias siguieran siendo gestionadas desde
Mallorca.
Tras el debate se procedió a votar las enmiendas presentadas por
Buades, que fueron aprobadas con siete votos a favor y seis en
contra. A continuación se votó la propuesta de transferencia de las
competencias en esta materia y, en este caso, tanto el Pacte como
el PP dieron el sí mientras Joan Buades optaba por abstenerse.
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