El equipo de gobierno del Consell Insular sufrió a lo largo de las
siete horas que duró el pleno de ayer un duro varapalo. Uno a uno,
todos los proyectos presentados por los progresistas fueron
quedándose sobre la mesa, fueron rechazados o tuvieron que salir
adelante con el voto de calidad de la presidenta. Sólo estuvieron
exentos de tensión los puntos del orden del día referidos a
sanciones en materia de turismo y transportes (que habitualmente se
aprueban por unanimidad) y la modificación puntual del reglamento
de la comisión de menores.
Nada más empezar la sesión, el equipo de gobierno vio como los
votos de Joan Buades y los populares obligaban a dejar sobre mesa
el nuevo reglamento de subvenciones del Consell, que tenía como
objetivo sustituir al aprobado por el gobierno del PP. A
continuación se quedó también pendiente de aprobación el consorcio
para la gestión de servicios públicos de carácter local y, para
rematar, la oposición se negó a darle el visto bueno al nuevo
coordinador de la Conselleria de Benestar Social i Esports para que
pudiera combinar su trabajo en la institución con el de aparejador.
Como ya se ha dicho, tampoco se aprobó tal y como venía propuesta
la atribución de nuevas competencias y sólo el voto de Pilar Costa
permitió al equipo de gobierno aprobar uno de sus buques insignia,
la moratoria urbanística.
Buades, que tiene en estos momentos la llave de gobierno de la
institución cuando Pacte y PP empatan a votos, le recomendó al
gobierno progresista que empiece a trabajar realmente en pro del
consenso y que aprenda lo que realmente es negociar para que sus
propuestas puedan salir adelante. Las dos mociones que presentó el
conseller del grupo mixto (para reclamar una inspección de trabajo
fija al Ministerio y para crear pisos para mujeres maltratadas)
fueron aprobadas con algunas modificaciones.
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