La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de
Balears (TSJB) ha condenado al Consistorio de Sant Joan a pagar
39.430.479 pesetas a la empresa Puig Barreda como liquidación de
las obras efectuadas,pero no abonadas, en la depuradora de
Portinatx en 1997, año en que el Ayuntamiento rescindió ilegalmente
el contrato de construcción que originariamente había sido
adjudicado a esa sociedad limitada, según consta en una sentencia
emitida el 3 de octubre.
La Sala ha anulado tres acuerdos municipales que condujeron a la
rescisión del contrato, y ha estimado que el Consistorio debe pagar
a Puig Barreda toda la obra que realizó la empresa, así como
devolver la fianza de casi cuatro millones de pesetas, que sigue en
depósito. A estas cantidades habrá que sumar, según explicó un
portavoz de Puig Barreda, los intereses de demora desde 1997, lo
cual puede aumentar considerablemente la cuantía.
Como último recurso para evitar el pago de la cuantiosa
cantidad, el Ayuntamiento presentará próximamente una apelación
ante el Tribunal Supremo, según explicó a este periódico Antoni
Marí Marí Carraca, alcalde del municipio.
Los hechos se remontan a 1997, cuando era alcalde el popular
Vicent Guasch i Rosselló. Según el argumento empleado por los
abogados del Consistorio durante el litigio, el alcalde decidió
rescindir el contrato con Puig Barreda al entender que las obras se
habían paralizado y que otras empresas podrían, como al final
ocurrió, concluir la construcción a un precio más ventajoso. La
depuradora de aguas residuales de Portinatx, subvencionada con
fondos de la entonces Comunidad Económica Europea y de la Junta de
Aguas de Balears, fue finalmente inaugurada en 1997.
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