El equipo de gobierno del Consell Insular, del Pacte Progressista,
se reúne esta mañana para decidir el sentido de su voto en el pleno
del próximo lunes, en el que se debatirá la petición del Partido
Popular de solicitar un informe al Consell Consultiu sobre la
moratoria urbanística.
El PP entiende que hay razones de peso para someter la normativa
al examen de los juristas que asesoran a la Comunitat Autònoma y
parece que el Govern balear que preside el socialista Francesc
Antich también vería con buenos ojos que el Consell Insular optara
por este camino. De confirmarse que existen importantes
deficiencias jurídicas en el texto, como apuntó en su informe el
conseller d'Obres Públiques del Govern, Josep Antoni Ferrer, el
Consell Insular estaría todavía a tiempo de dar marcha atrás.
El Partido Popular, cuatro ayuntamientos pitiusos y algunos
particulares han alegado que la moratoria invade competencias
municipales al no tratar exclusivamente de ordenación del
territorio (como el Govern facultó al Consell para hacer), sino
también de urbanismo, para lo que no tiene competencias. Se da la
circunstancia de que en 1998 se produjo una situación parecida,
aunque de menor calado político, relacionada con la norma de
protección de las cimas de las montañas que pretendía aprobar el
Partido Popular. Entonces, el presidente Antoni Marí Calbet accedió
a llevar el asunto al Consell Consultiu reconociendo que existían
dudas jurídicas sobre las competencias de la institución. El
portavoz socialista, Vicent Tur, advirtió de que la norma no podría
llevarse adelante como luego confirmó el Consell Consultiu.
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