La juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa,
Loreto Arroyo, dictó anteayer un auto en el que desestima el
recurso de reforma que interpuso el fiscal Manuel Campoy (y al cual
se sumó el Consell Insular) contra la decisión de no conceder la
suspensión cautelar de las obras de es Pouet. La juez mantiene su
primera resolución en su integridad y da nuevos toques de atención
tanto a la Administración como al propio Ministerio Fiscal.
Según el auto, la falta de autorización del juzgado de lo
Contencioso-Administrativo para precintar las obras la forma de
actuar del Consell Insular «tiene todos los indicios de ilicitud en
cuanto se opone a una normativa específica». Considera además la
juez que «resulta paradójico que la Administración acuda en
denuncia al Ministerio Fiscal y éste a la Justicia y luego se
prescinda de lo que ésta decida procediendo nuevamente el Consell
Insular a la suspensión y precinto de las obras».
Este escrito rebate los argumentos utilizados por el fiscal
sobre la necesidad o no de precisar del permiso judicial para
entrar en la propiedad en la que se estaban desarrollando las
obras, actualmente paralizadas. Entiende la juez que tanto la Ley
Orgánica del Poder Judicial como la ley reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa dicen «clara y literalmente
que la autorización mediante auto se necesitará para la entrada en
los domicilios y en los restantes edificios o lugares», lo que no
deja fuera, en opinión de la juez, los terrenos de las obras de es
Pouet.
Además, se expresan dudas que no habían sido planteadas en el
primer auto, como cuando se puntualiza que «parece no haberse
notificado en un plazo ni en forma a los interesados sino
posteriormente a la entrada en el lugar» que iba a procederse al
precinto.
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