El primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo del
Ayuntamiento de Sant Josep, Josep Marí Ribas, Reganes, defendió
ayer la legalidad de la actuación municipal en el caso de las
licencias de Cap Llentrisca que el Consell Insular llevará a los
tribunales, aunque añadió que la institución insular «es muy libre»
de plantear un contencioso-administrativo si considera que las
cosas no se han hecho de forma correcta.
El concejal, que reconoció que esta actuación del Consell no
pilla por sorpresa al equipo de gobierno porque ya había sido
anunciada, explicó que su postura será ahora «esperar a ver lo que
ocurre» y dejar que sean los tribunales quienes determinen si, tal
y como el Consistorio defiende, todo se hizo conforme a la
legalidad vigente.
Marí Ribas apuntó que otorgar licencias de obras es una
competencia municipal y que si estas dos en cuestión no fueron
remitidas a la Comissió Insular d'Urbanisme (CIU) como ahora
reclama el Consell, sería «porque habría algún motivo para que no
se hiciera». «De hecho, creo que por aquel entonces la CIU ni
existía y los permisos fueron bien otorgados», añade el responsable
de Urbanismo del Consistorio.
En el fondo de toda esta polémica se encuentra el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cala d'Hort, que
afecta a la zona de Cap Llentrisca. Reganes recuerda que el
Consistorio ha recurrido la orden de la consellera balear de Medi
Ambient por la que se ampliaban los terrenos afectados por el PORN,
entre los que se encuentran los de estas dos viviendas.
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