El Consell Insular decidió ayer interponer un recurso
contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Sant Josep por
su negativa a revisar dos licencias de obras que se están
ejecutando en la zona de Cap Llentrisca. El Pacte Progressista
defendió que ambas deberían ser consideradas nulas de pleno derecho
porque no fueron remitidas a la Comissió Insular d'Urbanisme a
pesar de que este trámite era obligatorio.
Los consellers del Pacte Progressista y el del grupo mixto
dieron su apoyo a esta medida, mientras que el Partido Popular
expresó su desacuerdo no sin antes recordar que estos expedientes
«que traen cola», habían sido el principio del fin de la mayoría
absoluta de la izquierda en el Consell, ya que sembraron un gran
desacuerdo entre Joan Buades (ahora en el grupo mixto) y el resto
del equipo de gobierno. La consellera del PP Neus Marí expresó la
opinión de su grupo de que se está iniciando «una persecución
contra el Ayuntamiento de Sant Josep» y calificó la actuación
«precipitada e irregular».
No fue éste el único asunto relacionado con el urbanismo y el
territorio que se trató en la sesión plenaria de ayer, que se
prolongó durante cerca de cuatro horas. Una moción de control de
Buades permitió tratar con amplitud la polémica de es Pouet,
momento en el que la presidenta de la institución, Pilar Costa,
anunció que la institución hará cuanto esté en su mano para
conseguir que se cumpla la legalidad vigente y, especialmente, la
moratoria urbanística. Costa acusó directamente al PP de estar
apoyando «de forma indirecta» la desobediencia de los promotores de
es Pouet o situaciones de similares características, algo que el
portavoz del Partido Popular, Pere Palau, negó rotundamente
añadiendo que, en cualquier caso, tienen derecho a criticar la
norma cautelar por ser éste un estado de derecho que permite la
libre expresión.
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