Dos de cada tres de las plazas que se construyen en Eivissa no se
utilizan como primera vivienda, sino que se convierten en segunda
residencia o se les da un uso turístico, según los datos que
presentó ayer el diputado y conseller de Els Verds Joan Buades para
defender sus alegaciones a la moratoria urbanística del Consell
Insular. Buades propone que esta norma sea más estricta para que
realmente proteja el territorio de Eivissa y Formentera durante los
tres años que dure la redacción del Plan Territorial Insular.
Según el representante ecologista, las cifras oficiales que
maneja el Govern hablan de 72.000 plazas principales de vivienda y,
sin embargo, más de 160.000 entre plazas turísticas y segundas
residencias. Esta es una de las características que, en opinión de
Buades, diferencia a Eivissa del resto de Balears y que
justificarían que se endureciera la moratoria y se pareciese más a
la de la isla de Menorca.
Las ocho alegaciones presentadas por Buades como conseller del
grupo mixto tienen por objetivo conseguir que se incluya a
Formentera en la norma cautelar, que queden afectados los suelos
urbanos, que se pueda suspender la ejecución de suelos urbanos y
urbanizables en determinadas zonas al amparo de valores ambientales
y paisajísticos, que se extreme la protección del suelo rústico y,
finalmente, que se ralentice el 'boom' constructor que actualmente
experimentan las Pitiüses.
Para conseguir este último objetivo Buades plantea la
posibilidad de utilizar la propuesta del municipio de Calvià de
repartir el trabajo de la construcción a base de fijar las cuotas
de licencias que se pueden otorgar cada año por los ayuntamientos.
De esta manera, los ecologistas plantean que los constructores
locales podrían acceder a más trabajos porque en la actualidad la
saturación permite a las grandes compañías adjudicarse la mayoría
de las obras. Buades también propone que el suelo rústico común no
pueda albergar tendidos o canteras ni viviendas unifamiliares salvo
excepciones.
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