El Consell Insular negó ayer que existan dudas jurídicas sobre la aplicación de la moratoria y garantizó «la plena legalidad» de la norma cautelar aprobada la pasada semana. Así lo aseguró ayer el conseller insular d'Urbanisme, Josep Marí Ribas, que informó que el texto del Consell cumple con la legalidad vigente en la actualidad, «que emana de las DOT». En este sentido, el conseller explicó que la institución insular tiene claro que «la norma cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos correctos para que no haya puntos de dudosa legalidad», señaló Marí Ribas que acabó diciendo que la moratoria aprobada en Eivissa, «tiene todas las bendiciones para que esté bien y se pueda aplicar».

El conseller reconoció que espera que diversos colectivos sociales y políticos presenten alegaciones al texto aprobado por el Consell y, en este sentido, se refirió al escrito presentado ante la institución por el grupo Popular en el que solicita la corrección de «algunos errores observados en el texto del acuerdo del pleno». Como ya avanzó Ultima Hora Ibiza y Formentera , el Partido Popular dio entrada a un escrito oficial en el que argumentan algunos «errores tipográficos» que registran los acuerdos de la moratoria. En concreto, el PP solicita la rectificación del punto cuarto del acuerdo de aprobación de la norma, donde se detalla que la entrada en vigor de la norma «supondrá la suspensión del otorgamiento de cualquier licencia o autorización que no se ajuste a las determinaciones de la norma».

Además, los populares destacan en su escrito que el Consell no tiene capacidad legal para suspender una licencia, tal y como ya se recogía en un informe jurídico redactado por el catedrático Avel.lí Blasco en relación al futuro del campo de golf de Cala d'Hort. Desde el PP se advierte que, en caso de no modificar el acuerdo, el Consell podría incurrir en un posible delito de prevaricación y que los promotores afectados podrían recurrir la norma ante los tribunales. Este escrito fue replicado ayer por el conseller Marí Ribas que informó que las peticiones del Partido Popular se refieren «a defectos tipográficos que no modifican el sentido ni la forma de la norma».