El Partido Popular no tiene intención de presentar un recurso de
inconstitucionalidad contra la Ley de Consells Insulars que el
Govern llevará próximamente al Parlament balear. Está tan
convencido de que este texto vulnera no sólo la Constitución
Española, sino también la Ley de Bases de Régimen de Local, que
asegura que será el propio Gobierno central, a través del órgano
dedicado a supervisar las leyes aprobadas por las comunidades
autónomas, quien recurrirá dicho texto y solicitará su suspensión
cautelar al Tribunal Supremo.
El coordinador del grupo parlamentario popular para asuntos
institucionales, Joan Huguet, se mostró convencido de que esta ley
no entrará nunca en vigor antes de enero del 2001 y aseguró que
tampoco lo hará entonces porque, si no es modificada en su trámite
parlamentario, el Supremo ordenará su suspensión temporal hasta que
se dicte sentencia.
Huguet, señaló ayer en Eivissa que esta ley es el «precio
político» que el gobierno progresista está pagando a Unió
Mallorquina (UM) por recibir su apoyo parlamentario, necesario para
mantenerse en el Ejecutivo. Huguet criticó que el presidente
Francesc Antich no haya querido consensuar esta normativa y señaló
que el PP había ofrecido sus 28 diputados para llegar a un acuerdo
sobre una ley de capital importancia para Balears «sin que se
sintiera prisionero de otras fuerzas políticas».
Huguet, que compareció en Eivissa acompañado por el presidente
del PP pitiuso, Josep Juan Cardona, y por los diputados ibicencos
Antoni Marí Calbet, Pere Palau y Joan Marí Bonet, también arremetió
contra la decisión de no someter el texto al dictamen del Consell
Consultiu (asesor del Govern en materia jurídica). En su opinión,
no se ha hecho porque hubiera sido rechazado de nuevo, como ya
ocurrió con el primer borrador de la ley.
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