La política socioeconómica del Partido Popular en los últimos
cuatro años se merece un suspenso, a juicio del sindicato UGT. Así
lo expresaron ayer el miembro de la Comisión Ejecutiva Confederal
de este sindicato, Jesús Pérez, el secretario general de UGT de
Balears, Lorenzo Bravo, y el de las Pitiüses, Diego Ruiz, durante
la presentación de su campaña «Garantía para todos de empleo y
protección». Los representantes de este sindicato valoran como
positivos «los acuerdos alcanzados gracias al diálogo social», pero
recalcan que el balance «es negativo».
El sindicato critica la mala distribución de la riqueza generada
a lo largo de este año de buena marcha económica, la reducción del
gasto público y del social, la progresiva privatización de
servicios públicos y la política fiscal, que ha incrementado el
peso de los impuestos indirectos. El sindicato cree que la creación
de empleo «no se debe al esfuerzo del gobierno sino a la bonanza
económica» y que «el pleno empleo que promete el PP está muy lejos
de alcanzarse», ya que un 15'43 por ciento de los trabajadores
están en paro en la actualidad. Los accidentes laborales, que han
aumentado vertiginosamente en los últimos años, «son otra prueba de
la falta de medidas de control concretas en materia laboral»,
asegura el sindicato.
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