El miembro del Comité Ejecutivo de la Oficina Europea de
Medioambiente, Pep Ribas, aseguró ayer que una gran parte de la
información sobre el proyecto del dique que ha facilitado la
Autoritat Portuària, el Consell y el Ayuntamiento «es inexacta»,
una acusación que argumentó mostrando una copia del contrato
realizado entre la Comisión Europea y Puertos. Este documento
especifica que, aunque el plazo para las obras principales remata
el 31 de julio del año 2001, hay un año más de prórroga automática
(que no es necesario solicitar) hasta el 31 de julio del 2002.
En el citado contrato también se señala que el proyecto está
abierto a modificaciones y más prorrogas, previa solicitud de la
propia Autoritat Portuària que debe tener respuesta de la UE en un
plazo de 20 días. Una modificación del proyecto sería aceptada
siempre que no afecte al 25 por ciento del presupuesto presentado.
De lo contrario, se tendría que proceder al reinicio total del
proyecto, desde la redacción a la presentación.
Pep Ribas, que además forma parte de la Coordinadora contra la
ampliación del puerto, se ha propuesto «indagar aun más sobre
posibles incumplimientos en las disposiciones de este contrato por
parte de las instituciones», algo que, según un anexo del propio
contrato, podría suponer la suspensión de la ayuda de la UE (de un
85 por ciento sobre el presupuesto del proyecto). Ribas recordó que
las medidas de control sobre la conveniencia de las obras que
subvencionadas la UE «se van a hacer más duras para evitar ciertas
barbaridades».
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