El debate político acerca de la protección cautelar de es Amunts centró buena parte del pleno que celebró ayer el Consistorio de Sant Joan. Foto: MARINA MART.

El Ayuntamiento de Sant Joan contratará los servicios jurídicos y técnicos necesarios para poder dejar sin efecto la norma cautelar de protección, dictada por el Govern balear, que prohíbe la concesión de licencias urbanísticas en la zona de es Amunts de este municipio. Los votos del partido Popular y de la Agrupación de Electores de Sant Joan sirvieron para apoyar una propuesta del alcalde, Antoni Marí, a la que también se sumaron dos concejales del Pacte Progressista. El rechazo del pleno a la norma cautelar del Govern fue recibida con fuertes aplausos por parte del público que ayer llenó la sala de plenos del Consistorio. El alcalde del municipio rechazó la normativa del Govern por entender que se trata de una «clara discriminación» para Sant Joan. Según explicó Carraca, la protección dictada por el Ejecutivo autonómico supone una clara imposición de la institución balear hacia la autonomía municipal. En este sentido, el alcalde de Sant Joan manifestó estar convencido de que la propuesta aprobada recoge el sentimiento y la indignación de todos los vecinos de Sant Joan». Por su parte, el portavoz de la Agrupación de Electores, Vicent Guasch, hizo notar los efectos negativos que tendrá esta protección «para el desarrollo económico del municipio.

La nota de oposición la protagonizó el concejal del Pacte, Antoni Marí, que ayer juró su cargo como nuevo concejal progresista en sustitución de Vicent Tur. Marí, que llegó a pedir la retirada del orden del día de la propuesta de Alcaldía, consideró necesario para Sant Joan, un consumo racional de territorio y explicó que la norma del Govern, «no es ilegal». El concejal, que quiso dejar claro su voto contrario a la propuesta «por coherencia política», defendió para Sant Joan un crecimiento moderado. El portavoz del Pacte, Joan Mayans, quiso dejar claro que la división mostrada por el grupo progresista se debe a la «conflictividad» que tiene el urbanismo. Mayans aseguró que su grupo está de acuerdo con el fondo de las normas pero no comparten la forma elegida por el Govern para hacer efectiva esta protección. «Una suspensión cautelar es un instrumento útil pero no vemos bien que sólo se suspendan planes parciales en Sant Joan, no somos más peligrosos que el resto de la isla», señaló.