La Unión Europea exigió a España el pasado mes de septiembre que
clausurara de forma inmediata los vertederos de Eivissa y
Formentera por no cumplir con lo establecido en las normativas
comunitarias. Según afirmó ayer el conseller de Medi Ambient del
Consell Insular d'Eivissa i Formentera, Joan Buades, durante el
pleno ordinario que celebró la institución, dicha petición se hizo
porque «no cumplen los parámetros de sanidad ambiental y de sanidad
humana que permitan decir que están en condiciones óptimas».
En dicha reunión entre la Unión Europea y representantes del
Estado español estaba presente el director general de Residus i
Energia del Govern balear, Nicolau Barceló, que decidió «no cerrar
los vertederos porque si se hacía no había lugar en el que
depositar los residuos». El conseller explicó que por esta razón,
el Ejecutivo autonómico y el Consell Insular están acelerando al
máximo la revisión del Plan Director de Residuos, en el que se
contemplarán las necesarias mejoras.
El Partido Popular planteó en el pleno de ayer una moción para
que el Consell presentara ante la UE el proyecto de reforma del
vertedero de Cala Llonga, que fue encargado por el anterior equipo
de gobierno con un coste de 12 millones de pesetas. Sin embargo,
Buades explicó que en vista de los múltiples defectos que tiene
dicho proyecto será imposible conseguir apoyo financiero de este
organismo.
El Consell encargó un proyecto a una empresa especializada, un
informe sobre la reforma propuesta para el vertedero de Eivissa,
pero dicha empresa advierte, entre otras deficiencias, el sistema
propuesto podría llegar incluso a contaminar las playas de la isla
porque no se prevé un control de las aguas subterráneas, las algas
o los fangos de las depuradoras.
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