El Govern balear aprobó ayer un anteproyecto de ley de medidas
cautelares y de emergencia para frenar la presión urbanística que
sufre Balears. Como consecuencia directa, Eivissa y Formentera se
igualan a Mallorca en cuanto a la parcela mínima necesaria para
construir en suelo rústico común, que queda fijada en los 14.000
metros. Además, el proyecto de ley suprime las excepciones para
construir en este tipo de suelo en terrenos con superficies
inferiores a 14.000 metros y superiores a los 7.000 metros.
Paradójicamente, esta norma deja una situación un tanto anómala
en el panorama pitiuso. Según la Ley de Espacios Naturales, en las
Areas Rurales de Interés Paisajístico (ARIP) la parcela mínima debe
reunir al menos 10.000 metros. De esta manera, queda más protegido
el suelo rústico que las ARIP que, en teoría, son lugares que
precisan especial atención por su valor natural.
El Ejecutivo presentará en el Parlament dicho proyecto como una
ley de lectura única, un sistema que los actuales miembros del
pacto de progreso criticaron con dureza cuando fue aplicado por el
gabinete de Jaume Matas para aprobar la moratoria turística. Los
partidos políticos que ahora están en el Govern alegaban que una
ley por lectura única sólo debe plantearse cuando existe consenso.
El president Francesc Antich calificó de «necesidad» la aprobación
de esta ley urgente.
Este proyecto legislativo prohíbe totalmente el uso edificatorio
en la totalidad de las Àreas Naturales de Especial Interés (ANEI) y
en la franja costera de 500 metros en las islas de Mallorca,
Menorca y Eivissa y 100 metros en el caso de Formentera. Asimismo,
la ley suspende la efectividad de los usos edificatorios destinados
a vivienda unifamiliar de las parcelas de suelo rústico que han
sido segregadas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley
de Suelo Rústico.
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