El Ministerio Fiscal pidió ayer la inhabilitación especial para los
dos responsables de Distribución Mercat SA en Eivissa, Carlos Pons
y Antonio Costa, para que no puedan ejercer los cargos que ostentan
actualmente de gerente y coordinador encargado.
El fiscal Manuel Campoy, que ha promovido las acciones penales
contra Distribución Mercat después de que esta empresa fuera
condenada en el juzgado de lo Social por vulnerar el derecho a la
libertad sindical, pidió en el Juzgado número 2 de lo Penal una
nueva sentencia condenatoria, al entender que se abusó de una
situación de poder para poner impedimentos a la normal actuación
del sindicato USO. «Lamentablemente ésta es la forma habitual de
actuar en el mundo de la empresa y estos delitos afectan al
verdadero Estado de derecho», señaló Campoy, que considera probado
que los miembros de USO no pudieron publicitar correctamente su
candidatura en las elecciones sindicales y que los trabajadores
recibieron amenazas por apoyar directamente dicha candidatura.
Por su parte, el abogado de la defensa trató de probar con un
grupo de siete testigos que el trato con los empleados en la época
de las elecciones sindicales fue absolutamente normal.
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