Bloqueo en Formentera: callejón sin salida para los kioscos de playa

Córdoba basa su propuesta de suspensión de la adjudicación en dos cuestiones. Por un lado, las ofertas mejor valoradas por la Mesa de Contratación no han tenido en cuenta, al parecer, lo estipulado por el convenio de hostelería de Baleares en lo que se refiere al número de trabajadores que debe contratar cada concesionario. Por otro, según el presidente, estas ofertas, en su apartado económico, habrían quedado obsoletas debido a la inflación.

Argumentos que rechaza Sa Unió por considerar que no tienen base jurídica suficiente en el caso de que este concurso acabe en los tribunales. La coalición ha recordado en su comunicado que el informe jurídico esgrimido por Córdoba no cuenta con el respaldo del secretario de la institución y jefe de los Servicios Jurídicos de la misma, Ángel Luis Custodio. Además, «no aporta ningún tipo de jurisprudencia». Y tiene argumentos «jurídicamente indefendibles porque los pliegos del concurso no fueron impugnados y son firmes». «La cuestión laboral», recuerda Sa Unió en su comunicado, «no es discutible en esta fase de licitación, sino en fase de ejecución, tal y como indica la jurisprudencia al respecto».

No son estas, sin embargo, las únicas críticas de la coalición al presidente. Según relata en su nota y ha confirmado el conseller Óscar Portas, el número de trabajadores que Córdoba considera que deberían ser contratados por los concesionarios de los quioscos durante la temporada turística no tiene ninguna base: «Nos ha reconocido que los números los ha hecho él mismo. Es alucinante que el presidente ayude a completar el informe de la letrada», ha señalado Portas sobre esta cuestión. Y a esto se suma que el mismo informe no cita qué normativa laboral debe aplicarse en este caso, «no concreta ni motiva el interés público» y «no entra a valorar cuál es el régimen de aplicación de los trabajadores societarios, así como las posibles contrataciones de servicios externos».

Desde Sa Unió se admite que es posible que la Junta de Gobierno se aparte del criterio de la Mesa de Contratación, que ya valoró determinadas ofertas como las más apropiadas. Sin embargo, la coalición también deja claro que «para salvaguardar a la institución y a los consellers se necesita una motivación más completa y cuidada del propio informe». «No podemos», ha añadido Sa Unió en su nota, «apoyar la propuesta del presidente en un acto temerario y con falta de seguridad jurídica, que pone en peligro la institución, el servicio de quioscos y que daría pie a una demanda penal indefendible contra todos los miembros de la Junta de Gobierno». Por ello han reclamado a Córdoba que aporte más información y que la Mesa de Contratación pida a los ganadores del concurso la documentación. «El procedimiento para que haya quioscos este verano», concluye el comunicado de Sa Unió, «continúa pero, si se hubiera aceptado la propuesta del presidente Córdoba, lo más seguro es que este verano no tuviéramos quioscos a causa de una propuesta mal motivada, improcedente y sin suficiente base jurídico-técnica».

Negativa de Córdoba y la letrada

En declaraciones a Periódico de Ibiza y Formentera, Óscar Portas ha explicado, además, que este lunes, antes de la celebración de la Junta de Gobierno, los consellers de la coalición se han reunido con el personal del área de Litoral, el secretario y el interventor para conocer más a fondo la situación. Un encuentro en el que no ha querido participar la letrada responsable del informe presentado por Córdoba. Ya en la reunión de la junta, los consellers de la coalición han solicitado al presidente que citara a la letrada para que explicara su informe. Una reclamación que Córdoba no ha aceptado.

«El informe es pobre y le falta motivación», ha abundado Portas, «es un documento de 10 páginas y cuatro de ellas son para citar el expediente. Falta concretar muchas cosas. Nosotros no estamos ni de un lado ni del otro pero hay que resolver esto ya. Tenemos claro que, sea cual sea la decisión, alguien irá a los juzgados y lo que pedimos es que haya el máximo de seguridad jurídica con la propuesta que se apruebe finalmente. Pero lo que Córdoba ha llevado a la Junta de Gobierno no tiene esa seguridad».
Portas, además, ha señalado que, en la situación de crisis que atraviesa el Gobierno de Formentera desde finales de noviembre, lo que está sucediendo con esta adjudicación es una demostración más de que Córdoba «va a la desesperada». «Nosotros», ha dejado claro, «no nos la vamos a jugar. En campaña electoral ya dijimos que había que revisar el concurso y, una vez que se ha hecho esta revisión, hemos visto que no hay ningún argumento de peso para desistir o dejarlo desierto».

Llorenç Córdoba, por su parte, ha defendido la validez del informe elaborado por la letrada de Recursos Humanos. El presidente, no obstante, ha asegurado que buscará «más información» y que volverá a llevar la propuesta a otra Junta de Gobierno extraordinaria porque considera que está más que fundamentada. «Con las evidencias que hay», ha afirmado, «no sé qué más quieren. Todos los informes desaconsejan la adjudicación a las opciones más valoradas por la Mesa de Contratación, que ha hecho una valoración técnica de los números. Hay que hacer caso a la mesa si no hay nada en contra, pero, si algo va en contra, no se puede adjudicar».