La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha absuelto al expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, y al conseller de Economía y Hacienda, Bartomeu Escandell, de los delitos de prevaricación, desobediencia, falsedad documental, infidelidad en la custodia documentada y coacciones. En principio, termina así el conocido caso Punta Prima, iniciado hace una década por el empresario alemán Leo Stöber.
Semanas atrás la acusación decidió retirar los cargos contra otros dos investigados en la causa: la exvicepresidenta insular Sonia Cardona y el exconseller de Turismo de Formentera, Josep Mayans. También el Ministerio Fiscal manifestó no ver delito en los hechos y consideró que no procedía imponer pena alguna contra los implicados.
En la sentencia, se refleja cómo la acusación particular calificaba los hechos como constitutivos de los delitos mencionados, solicitando para Ferrer y Escandell, y solo en relación a la presunta falsificación de documento, una pena de cuatro años de prisión y multa de 12 euros diarios durante un año. Además, entre otras cuestiones, solicitaba en concepto de responsabilidad civil una indemnización de casi 600.000 euros.
En la resolución judicial, entre otras cuestiones, se sostiene que la secuencia temporal de los hechos «permite concluir que el impulso de una normativa cada vez más protectora con el medio ambiente y los recursos naturales no nace de la voluntad caprichosa de los acusados, sino que responde a una iniciativa legislativa desarrollada mucho antes de que éstos accedieran al gobierno del Ayuntamiento/Consell».
También se considera que «no resulta acreditado» que las distintas actuaciones de Ferrer y Escandell vinieran presididas por la consecución «arbitraria y caprichosa de un fin político», recordando que las vicisitudes relacionadas con la interpretación de la legalidad vigente y la compatibilidad de ésta con el PERI (Plan Especial de Reforma Interior) de Punta Prima «no permite considerar que fueran los acusados los que crearan artificialmente un debate inexistente con la espuria finalidad de anteponer sus intereses políticos a la legalidad».
Los protagonistas
El expresidente Jaume Ferrer declaró a Periódico de Ibiza y Formentera que, tras recibir la noticia, se sentía «contento», pero «no sorprendido porque teníamos claro que solo podía salir una absolución».
«Cuando la sentencia dice que es por temeridad manifiesta, significa lo injusto del procedimiento. Con el juego político que se ha ofrecido, como mínimo merecíamos una sentencia de este calado», consideró Ferrer, quien señaló que la Justicia ha condenado a pagar las costas a la otra parte.
Sobre las advertencias del empresario Leo Stöber y sus intenciones de recurrir, Ferrer reconoció que «no me sorprende nada de este señor».
«Si él quiere continuar, tiene todo el derecho del mundo y nosotros seguiremos por nuestro camino. Continuaremos contestando para rendir cuentas con quien toca, que es el pueblo, que al final ha tenido que soportar once años de un proceso injusto hacia sus políticos elegidos democráticamente», concluyó.
También el conseller Bartomeu Escandell destacó sentirse «muy contento, como no puede ser de otra manera», aunque reconoció que esperaban la sentencia puesto que, durante once años, «lo que ha habido es una persecución política que se ha judicializado».
Escandell recordó que en este tiempo las diferentes sentencias han sido favorables y las Normas Subsidiarias de Formentera, origen del proceso judicial, «están bendecidas» y todo se hizo «dentro de la más estricta legalidad».
Sobre las advertencias de Stöber de recurrir la sentencia, Escandell aseguró que «este ensañamiento» demuestra que todo se trata de una «absoluta persecución».
El exconseller reiteró que con la resolución del juez también se demuestra que «todo se hizo según la ley y siempre buscando el interés general de Formentera por delante de intereses particulares».
Recurso
Hace escasos días, el abogado alemán y propietario de la empresa Sunway SL, Leo Stöber, ya avanzó que «recurriré, recurriré hasta el fin de mi vida porque lo que se me ha hecho es una trastada impresionante». En declaraciones a RadioIlla, Stöber reconoció estar «cansado» de tanto proceso judicial, pero tiene que «seguir luchando» porque «no me han dejado ni una puerta medio abierta».
El caso, conocido como Punta Prima, se remonta al año 2010 cuando se acordó por mayoría absoluta aprobar la revisión de las Normas Subsidiarias de Plan Urbanístico de Formentera, determinando que algunos terrenos propiedad de la empresa se declararan Espacios Libres Públicos de cesión gratuita al Consell.
Esto hizo que dichas zonas no fueran edificables ya que debía mantenerse la calidad paisajística y natural de los terrenos al estar incluidos dentro del área de protección del Parque Natural de Ses Salines.
El empresario alemán, responsable del complejo turístico ubicado en dicho lugar y que tenía pendiente construir la segunda fase de su proyecto, presentó entonces la querella.
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