Del dicho al hecho

Con ese escenario político, era machacona la petición por parte del Consell Insular, a través de sus diputados en el Parlament o mediante ruedas de prensa en nuestra isla, de que se hicieran las modificaciones normativas necesarias para poder actuar con mayor contundencia y efectividad contra el intrusismo en diversos sectores de negocio durante la temporada estival. A esas peticiones, la respuesta por parte del sector progresista también era sistemáticamente la misma, se hacía oídos sordos y ni se cambiaba nada en la norma, ni se actuaba con efectividad real contra el intrusismo.

El resultado de todo ello ha venido siendo hasta la fecha que a lo más que se ha llegado por ejemplo en la lucha contra el alquiler turístico ilegal ha sido un notable incremento en las sanciones económicas a aplicar una vez incoado el correspondiente expediente y, por otro lado a la absurda y ridícula imagen de las fuerzas de seguridad apostadas a las puertas de una casa en el campo, en la que claramente se estaba realizando una fiesta ilegal con la que se estaba obteniendo un beneficio económico por parte de los organizadores, pero con la que no se puede hacer nada más que ir identificando a los asistentes a la misma conforme iban saliendo.

Transcurridos casi dos años desde las últimas elecciones en Baleares, parece que nada ha cambiado y que la sistemática para luchar contra el intrusismo no ha ido más allá de meros anuncios y de las consabidas convocatorias de mesas para estudiar la problemática y futuras propuestas para combatirla. La realidad es terca y por mucho que se quiera disfrazar, nos demuestra que la tónica sigue siendo la misma; mucha palabrería y anuncios y poco trabajo efectivo real. Sigue habiendo un abismo entre lo que se dice y lo que se hace.

Y lo que está claro es que por mucho que se quiera disfrazar el problema y por muchas vueltas que unos y otros le sigan dando al mismo, mientras no se pueda actuar con mayor contundencia, nadie está libre de pecado ni puede atribuirse lo de haber lanzado la primera piedra. Lo de que con el cambio drástico en las diversas instituciones de las islas y gracias a la coincidencia en el color político de las mismas, ahora se iba a aprobar lo necesario para proceder al precinto automático de aquellas viviendas que se estuvieran alquilando turísticamente de forma ilegal, nada de nada. Dos veranos han pasado ya desde los cambios al frente de las instituciones, sin que se conozca un solo caso de precinto tal como se venía anunciando. Es cierto que el ejecutivo progresista en su momento se negaba a probar cambios, argumentando que la aplicación de la normativa que estaba en vigor era suficiente para combatir esa actividad ilegal; en cambio ahora son los que proponen nueva normativa.

También es cierto que la derecha que reclamaba los cambios, ahora que está gobernando y a pesar de afirmar que hay que hacer todo lo necesario para luchar contra el intrusismo, llegado el momento de la verdad se arruga y sigue dando pasos atrás. Eso es lo que ha ocurrido estos días con una proposición de ley presentada por la izquierda en el Parlament para combatir con mayor eficacia las fiestas ilegales y sobre la que el Consell Insular d’Eivissa dijo que se quedaba corta; pues va su propio partido, el PP, y elimina la posibilidad de retirar la licencia turística al infractor. Pues si era corta, ahora lo es todavía más.

Un ejemplo más de la impunidad con la que se viene practicando el intrusismo sin que se vislumbre un atisbo de posibilidad de combatirlo con efectividad, lo tenemos en el taxi pirata. Resulta escandaloso ver como las instalaciones del aeropuerto de Eivissa se llenan todos los veranos de piratas que practican sin el menor reparo ni obstáculo dicha actividad ilegal. Llega a haber más de una docena de esos piratas acosando a los pasajeros que llegan a nuestra isla, a cara descubierta y a la vista de todos. Pero desde las instituciones insulares y locales, se dice que se trata de unas instalaciones que son competencia del Estado y que por tanto ellos tienen mermada su capacidad de intervención. Por su parte las fuerzas de seguridad del Estado y con diversos argumentos, tampoco actúan con la contundencia que se debería para impedir tal escandalosa actividad ilegal.

Lo cierto es que una nueva temporada de verano está a punto de empezar, los problemas se mantienen y en la mayoría de casos aumentan gravemente, mientras quienes tienen que actuar para evitarlos siguen enfrascados en sus trifulcas estériles. De una vez por todas hay que acabar con lo de reclamar y exigir determinadas cosas cuando se está en la oposición, para acabar haciendo todo lo contrario cuando se gobierna.

«Unos por otros y la casa sin barrer», eso es lo que está ocurriendo con grandes problemas que sufrimos la mayoría.