Errores que pagan los ciudadanos

En la primera jornada del juicio al exalcalde socialista de Sant Antoni, Josep Tur, y a la exregidora de Urbanismo, Cristina Ribas, por el asunto del chiringuito de Cala Gració, ha quedado claro que hubo errores administrativos graves, que acabó sufriendo la empresa promotora de aquella instalación temporal desmontable. Afirma Tur que la junta de gobierno autorizó el montaje del chiringuito basándose en información errónea de la Demarcación de Costas y que fue tras el revuelo que se generó al trascender la noticia, que se dieron cuenta de que la zona no era urbana, contrariamente a lo apuntado por Costas. O sea, que la empresa pide los permisos, se los dan, compra el chiringuito, lo instala y luego los mismos que le dieron la conformidad, le dicen que naranjas de la China. Es lógico que Cires y Ribas no le digan al tribunal que rechazaron autorizar el funcionamiento normal del establecimiento por razones políticas, asustados porque una treintena de manifestantes convocados por Prou! fueron a apedrear el tinglado de Cala Gració y al pobre vigilante que lo guardaba. Pero la realidad es que cuando se supo que habría un chiringuito nuevo allí donde nunca lo hubo, decidieron dar marcha atrás e impedirlo a toda costa. O eso es lo que creen los querellantes y deberán determinar los magistrados de la sección primera de la Audiencia de Palma. La Fiscalía no aprecia prevaricación alguna porque para ello se requiere no un error, como alegan los acusados, sino una decisión injusta perpetrada a sabiendas; y eso es muy difícil de probar. Pero todos sabemos lo que pasó y quién y de qué modo gobernaba el Ajuntament de Sant Antoni en aquella época. Los perjuicios económicos causados a la empresa Bambagas deberán ser indemnizados. Y todo apunta a que no lo serán por los acusados, sino por todos los vecinos de Sant Antoni. Enhorabuena a los premiados.