La credibilidad de nuestra clase política está más en juego que nunca

Porque no nos engañemos, a día de hoy solo se habla de una cosa en España. Lamidas las heridas de la retirada triste de Rafa Nadal tras perder nuestro país en la Copa Davis de Málaga; con un presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, hundido, sin rumbo y esperando que se nos pasen las ganas de seguir metiéndonos con él; y a riesgo de que dentro de unos días los afectados por la DANA queden en un segundo plano mientras luchan por recuperar sus vidas, un tema recurrente cada cierto tiempo se ha colado en las tertulias de todos nosotros. La eterna discusión de si tenemos o no un gobierno corrupto. De si una vez más los políticos volvieron a meter la mano en la caja o si se han dejado sobornar cegados por una ambición sin límites. O de si podemos confiar en ellos visto lo visto.

Tanto es así que volviendo a citar a Eduardo Madina, muchos queremos pensar que Víctor de Aldama miente. Que es como asegura el presidente Pedro Sánchez «un personaje» que solo busca una huida hacia delante, desesperado por salir de la cárcel. Que todo se lo ha inventado, y que todo acabará cayendo por su propio peso, permitiendo demostrar su inocencia a todos los que nombra y acusa de estar implicados. Y que saldrán limpios sin una mancha en su expediente. Y muchos lo queremos creer ya no porque seamos socialistas o progresistas, como se dice ahora, o porque simpaticemos con los ministros o políticas de Sánchez o su persona, sino porque estamos convencidos de que sería un tremendo golpe a la línea de flotación de nuestro sistema político. Un golpe tan duro y bestial que tendría muy difícil reparación.

Y es que nos guste o no, nuestro país arrastra ya demasiados casos de corrupción o presunta corrupción en nuestra política, a pesar de que nuestra democracia es relativamente reciente. En todos los partidos, porque si algo ha quedado demostrado en estos años es que los corruptos no entienden de siglas, colores ni ideología y ni tampoco de comunidades autónomas. Y porque este gobierno, el de Pedro Sánchez, llegó al poder en 2018 después de que prosperara su moción de censura contra el entonces presidente del PP Mariano Rajoy por un presunto caso de corrupción de su partido. Sería como el caso del cazador cazado. El del emperador romano Julio César mirando a su hijo Bruto cuando lo asesinaron en los Idus de Marzo para decirle aquello de «¿tú también?»

De momento, el Gobierno ha decidido poner en marcha una estrategia de defensa para contener los efectos de las declaraciones de Víctor de Aldama en sede judicial asegurando que se trata    de «una persona sin credibilidad» y que todo es «un compendio de mentiras, infundios, bulos e insidias que carecen de cualquier atisbo de verdad porque no ha aportado ni una sola prueba». Incluso, han anunciado un contraataque, rápido, directo, asegurando que todos aquellos que han sido señalados «de una manera vergonzosa» por De Aldama presentarán una querella por injurias y calumnias conjunta contra él para defenderse lo antes posible. Y ojo que no serán unos cualquieras, ya que estarán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, y su jefe de gabinete, Carlos Moreno; el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa; y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Todos unidos y todos a una como Fuenteovejuna, porque «la mentira no puede salir gratis» y porque, como han señalado desde el PSOE, «un país como España no puede permitirse que la agenda política la marquen delincuentes confesos que calumnian sin pruebas solamente para salir de Soto del Real y dormir en casa».

Y yo, les aseguro sin ironía ni retranca, que deseo de corazón que todo sea así. Que todo quede en nada. Que dentro de unos meses todo quede relegado a una mera anécdota y que De Aldama pague sus culpas por mentir ante la justicia. Y lo deseo de verdad porque no se si los españoles podremos aguantar un nuevo caso de corrupción de este calibre. Y, sobre todo, porque la credibilidad de la clase política española está más en juego que nunca.