La autoridad en las aulas

La propuesta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, de otorgar por ley a los maestros la categoría de autoridad pública como medida para atajar la violencia de que son objeto muchos de ellos en las aulas ha reabierto un viejo debate. Frente a la opinión de docentes y sindicatos que ven con buenos ojos la medida, algunas asociaciones de padres y madres de alumnos la consideran exagerada. En Balears, por el momento, no se plantea desde el Govern una ley en esa dirección. En lo que sí coinciden la mayoría es en el hecho de que el problema de la violencia en las aulas exige una solución global, que incluya planes pedagógicos orientados a alumnos y padres, y programas de formación específicos para los profesores. El objetivo es conseguir que la autoridad en las aulas sea reconocida por parte del alumnado y de sus progenitores. Que la agresión a un profesor sea considerada atentado al mismo nivel que se podría considerar el ataque a un policía o a un juez cuando el delito haya sido cometido por un adulto, parece una cuestión menos complicada que cuando la infracción sea cometida por un menor. Otro aspecto que plantea dudas son las contradicciones que puedan surgir entre el Código Penal y una ley como la que propone la presidenta de Madrid, que sólo sería aplicable en el ámbito de la enseñanza pública pero no en el de la enseñanza privada, en la que los docentes no son funcionarios. Equiparar la figura del maestro a la de la autoridad pública puede servir de argumento para un fiscal a la hora de exigir la aplicación de penas más graves ante la agresión a un docente, pero en último extremo es el juez quien decide si, con el Código Penal en la mano, puede o no aplicarse esa equiparación.