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Las filtraciones del 'caso Gürtel', que instruye el juez Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional, son el nuevo pretexto para atizar el fuego de la crispación entre el Gobierno y el Partido Popular. Con las inminentes citas electorales en Galicia y el País Vasco del próximo domingo, los conservadores, con su presidente Mariano Rajoy a la cabeza, han optado por contraatacar interponiendo dos demandas por prevaricación contra el juez Garzón, además de reprocharle su incursión en la política de la mano del PSOE y Felipe González. José Luis Rodríguez Zapatero y el Consejo General del Poder Judicial han criticado con dureza lo que no es otra cosa que la clara injerencia del poder legislativo en el judicial.

Puede comprenderse la molestia e incomodidad que causan en el Partido Popular las filtraciones a los medios de comunicación de las indagaciones que realiza el juez Garzón, las cuales provocan una clara sensación de indefensión. Sin embargo, ello no justifica la orquestación de toda una campaña de desprestigio del instructor sobre un asunto en el que, al menos en apariencia, figuran como implicados destacados dirigentes conservadores. Baltasar Garzón es un juez al que, en ocasiones hasta la imprudencia, no le desagrada estar en la primera línea del interés informativo; un protagonismo que genera suspicacias entre quienes se consideran sus víctimas políticas.

Por la mera evolución de la instrucción, el 'caso Gürtel' dejará en los próximos días de estar en manos de Garzón. La incógnita estriba en determinar qué nueva estrategia seguirá el Partido Popular para desviar la atención de su vinculación con los nuevos casos de corrupción.