Un problema común

En más de una ocasión los gobernantes españoles se han quejado de la relativa indiferencia que se muestra desde Bruselas hacia los problemas que puede causar la inmigración en España. Hasta cierto punto se podría decir que la Unión Europea considera la cuestión como algo estrictamente español, desentendiéndose de lo que en el fondo es un problema común del continente. Nuestro país, tanto por su condición de puerta de entrada al continente, como por el atractivo que ejerce la bonanza económica que atravesamos, es uno de los que sufre una mayor presión de la inmigración, especialmente de la ilegal. Y al respecto resulta del todo significativo de esa actitud distante por parte de Europa el que ahora se haya excluído a España en el reparto de los fondos de repatriación. Dichos fondos comunitarios no están especialmente bien dotados -unos 15 millones de euros-, pero el hecho de que se nos haya dejado fuera pone de relieve la escasa consideración que en Bruselas se tiene de una cuestión que, insistimos, afecta a todos los ciudadanos europeos. Llama la atención que ahora se hayan beneficiado de ayudas, países como Eslovenia, la propia Bélgica, o Dinamarca, entre otros, mientras España, que presentó dos proyectos propios, ha sido discriminada. Caso aparte lo constituye Italia, que se lleva la gran tajada -prácticamente una cuarta parte- en el reparto de los fondos de repatriación, ya que se da la «coincidencia» de que el vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable de Justicia, Libertad y Seguridad, es precisamente el conservador italiano Franco Frattini. Se diría que en la capital comunitaria entienden que de la tarea de devolver a sus lugares de procedencia a los inmigrantes ilegales, debemos ocuparnos los españoles por nuestra cuenta, simplemente. Algo que convierte a nuestro juicio en necesaria una actuación de presión, sin más dilaciones, por parte de nuestras autoridades ante los centros neurálgicos europeos de poder.