El Congreso de los Diputados ya ha dado luz verde a la polémica
reforma educativa lanzada por el PSOE, aunque ahora el texto tendrá
que pasar por el Senado para volver de nuevo al hemiciclo, donde
habrá de ser definitivamente aprobado. Con ésta se materializa la
enésima reforma del sistema educativo de nuestro país y,
nuevamente, con el enfrentamiento de las principales fuerzas
políticas nacionales. La norma tiene, además, el dudoso mérito de
haber logrado el rechazo tanto de la derecha como de la izquierda,
por distintos motivos.
El caso es que nuestros chicos volverán a ver cómo cambian las
normas y nadie en esta nación podrá presumir de haber completado su
formación sin tener que someterse al vaivén de los políticos de
turno.
Pero mientras los socialistas instauran su nuevo sistema, los
populares van tomando medidas por su cuenta, sin llegar a la
«insumisión» de la que les acusa la vicepresidenta María Teresa
Fernández de la Vega. Las comunidades autónomas regidas por el
Partido Popular -Balears, Madrid, Valencia, La Rioja, Murcia y
Castilla y León- tendrán una educación unificada desde las
directrices establecidas por la dirección nacional del partido, en
la capital. Siempre, claro está, dentro de los márgenes que permite
la LOE, pero manteniendo una uniformidad que quizá los ciudadanos
de esas comunidades -algunas con lengua propia, como la nuestra- no
compartan. Al final, lo que a muchos ciudadanos les llega es la
idea de que los que mandan no son los gobiernos, sino los partidos
que los sustentan y que todo sirve -incluso algo tan «sagrado» como
la educación de nuestros hijos- para el enfrentamiento y el
desgaste político en su afán por alcanzar o conservar el poder.
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