Unos meses después de que entrara en vigor la ley antitabaco
promulgara por el Govern balear -con algunas carencias-, el
Gobierno de la nación hace lo propio, con un texto mucho más
restrictivo que el autonómico, lo que acarreará ciertas ventajas y
también algunos problemas, especialmente al sector de la
hostelería.
Pese a ello, hay que mirar la decisión gubernamental como lo que
es, es decir, como un intento -quizá mejorable- de detener una
lacra sanitaria como es la adicción al tabaco de millones de
españoles. Por encima de la conveniencia o no de las medidas
adoptadas en el sector hostelero -que en Balears, lógicamente,
preocupa mucho- hay que pensar en las cincuenta mil muertes al año
que provoca el tabaquismo en nuestro país, incluyendo a cinco mil
fumadores pasivos.
Desde esta perspectiva de protección de los no fumadores y de
prevención del tabaquismo, la ley es acertada, aunque debería
plantear también la desintoxicación de los adictos en el sistema
público de salud, hoy descartada.
Por lo demás, los afectados por la normativa tendrán que
adaptarse a las nuevas exigencias, a pesar de su coste y de las
complicaciones que puedan acarrear, especialmente en lo
concerniente a la compartimentación de los espacios.
Al final, la esperanza es que con el tiempo la sociedad en su
conjunto deje de asociar la idea de estar en un bar o en un
restaurante con el deseo de fumar. Sólo así el sector saldrá bien
parado y para eso será necesario el paso del tiempo y una ingente
labor de concienciación que disocie la imagen del tabaco con el
placer, el ocio, la amistad, la noche y la diversión. Pero eso
llevará años, quizá décadas, y, mientras, los grandes perjudicados
serán los hosteleros.
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