El pleno del Congreso de los Diputados acaba de aprobar, de
forma un tanto alborotada (con el voto en contra de PP e IU y la
abstención de PNV, Coalición Canaria y Nafarroa Bai), la
convalidación del Decreto Ley sobre Patrimonio Sindical, que
permitirá al sindicato UGT -afín al Gobierno y al PSOE- recuperar
los bienes que en su día poseyó y que le fueron arrebatados durante
la Guerra Civil y la posterior dictadura. Antes de entrar en
debates de otra índole, hay que reconocer que con este gesto se
cumple, en parte, una vieja aspiración sindical y se hace
justicia.
Pero, una vez más, no es oro todo lo que reluce. De ahí que
buena parte de los diputados sentados en el Congreso votaran en
contra de esta decisión, por unos motivos u otros. Y es que ahora
que han pasado treinta años desde la muerte del dictador, ahora que
nuestra democracia está bien asentada y que un tercio de los
españoles sólo ha conocido la libertad, es momento de sentarse con
seriedad, con frialdad, para mirar atrás sin ira y tratar de
reconstruir lo que la fuerza de las armas y del odio destruyó hace
casi setenta años.
Por eso parece precipitada la medida llevada a cabo ahora,
básicamente porque deja de lado a otras organizaciones, sindicales
y políticas, que también perdieron fortunas en el desastre del 36,
aunque desde el Gobierno se ha prometido seguir trabajando en ese
sentido. Esperemos que así sea. Otros han querido ver en la
decisión de devolver a UGT el patrimonio perdido una maniobra
política desde el Gobierno para ayudar a «limpiar» la maltrecha
economía del sindicato, que acumula deudas millonarias -debe 150
millones de euros al Instituto de Crédito Oficial tras el fiasco de
la constructora PSV- que ahora podrá saldar al recibir de las arcas
del Estado 151 millones.
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