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Podría haber hablado más alto, pero no más claro, el president de les Illes, Jaume Matas, en Tribuna Barcelona a la que fue invitado ayer. Orgulloso de la historia de «independencia» del Archipiélago en tiempos pasados -recordó que el Regne de Mallorca no dependió nunca ni de Aragón, ni de Catalunya, ni de Valencia-, satisfecho con el ejemplo de solidaridad interterritorial que dan las Islas, quiso exigir soluciones drásticas al problema más acuciante de esta Comunitat Autònoma: la insularidad. Porque el president del Govern tiene claro que Balears, su futuro, sus infraestructuras y la calidad de vida de sus habitantes no pueden seguir estando a expensas del color político del partido que gobierne en Madrid.

Denunciando el «insulto» que supone la creación de unas autonomías de primera y otras de segunda, Matas planteó el reto de otorgar a las Islas el remanente económico que merecen y que necesitan para diseñar el tipo de sociedad que queremos, cada vez más monopolizada por el sector turístico.

Planteó para ello la creación de una «reserva de inversiones» a través de la desgravación de impuestos a las empresas radicadas aquí, lo que probablemente evitaría la «fuga» de capitales hacia terrenos más propicios para la inversión.

Es una idea que sin duda provocará polémica -no olvidemos que las «vacaciones fiscales» del País Vasco acabaron como el rosario de la aurora por vía judicial-, pero que plantea con seriedad y valentía un camino para terminar con la secular injusticia económica que padece este territorio. Ahora, lanzado el órdago, el Parlament balear tiene que ponerse a trabajar para que la propuesta llegue a Madrid, que, a la postre, es quien debe abrir la puerta a una solución al problema balear.