06/02/05 0:00
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Como suele ocurrir con demasiada frecuencia en este país, las tribulaciones de los partidos políticos vascos toman buena parte del protagonismo a nivel nacional. Ahora mismo, tras la celebración del controvertido debate parlamentario sobre ePlan Ibarretxe y la convocatoria de elecciones autonómicas, los dimes y diretes de cada líder político del País Vasco adquieren relevancia nacional.

Y como no podía ser de otra manera, los extremistas de Batasuna vuelven a convertirse en el centro de atención, a pesar de representar a una minoría allí y a una colectividad minúscula en el conjunto del Estado. Pero grandes o pequeños, ruidosos sí que son y no se resignan a hundirse en el olvido, que es donde les tiene la Ley de Partidos aprobada en la pasada legislatura con el apoyo de PP y PSOE.

Sin embargo, desde el Ejecutivo de Vitoria se anuncia el interés en que los abertzales puedan concurrir a la cita con las urnas del 17 de abril, a pesar de que han evitado a toda costa condenar la violencia etarra, gesto que tal vez les permitiría recuperar la legalidad perdida.

El argumento de Ibarretxe consiste en defender la normalización política de Euskadi, lo que exige la presencia de Batasuna -adopte las siglas que adopte- en las instituciones, pues representa el sentir de una parte de la población, condenada hoy al ostracismo. Pero Batasuna va más allá y pide nada menos que no se cumpla la Ley de Partidos en el territorio vasco. Una locura que el Gobierno autonómico debería tomar como lo que es: impensable. Porque las leyes están para cumplirse y quien no lo hace se convierte, simple y llanamente, en un delincuente. Así que los radicales tienen una única vía para retornar a la vida normal: condenar de una vez por todas la violencia. Una vez hecho, podrán defender sus ideas -tan legítimas como cualquiera- por los cauces de la democracia.