El proceso de construcción autonómica en nuestro país se ha
desarrollado con cierta lentitud -hace más de un cuarto de siglo
que comenzó- y a trompicones, de forma que los resultados a veces
no son lo que se esperaba, porque la realidad se impone a mayor
velocidad con otras exigencias no previstas.
Ha ocurrido, pues, que conviven en el mismo plano instituciones
estatales y autonómicas con una financiación más que confusa. Una
situación que debería solucionarse de forma urgente. Es
contradictorio que Balears reclame al Gobierno central más dinero
para sanidad, educación, carreteras, trenes... y a la vez deba
cubrir las carencias de la Administración central en asuntos de
competencia estatal. Si TVE considera que debe aumentar sus horas
de produccion propia en Balears o si los acuartelamientos de la
Guardia Civil necesitan urgentes reformas, debe ser el Estado el
que se haga cargo de estos gastos. Permitir que la Comunitat
Autònoma acuda a solucionar los problemaa de falta de financiación
de los organismos dependientes de Madrid coloca a la Administración
del Estado en una situación realmenete poco airosa.
Ciertamente, no son cantidades muy importantes y, en el caso de
las casas-cuartel de la Guardia Civil, es comprensible que el
Govern sea sensible a la realidad de unas instalaciones que
necesitan ser mejoradas, pero hay que insistir en que cada
administracion pública haga frente a sus obligaciones. Es el
Gobierno central quien debe velar, pues, por el buen funcionamiento
de los servicios estatales, y es también el Gobierno central quien
debe asegurar a las autonomías la financiación adecuada para que
éstas puedan gestionar correctamente las competencias
transferidas.
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