La salida más socorrida y facilona de un político es elevar los
impuestos para tapar agujeros, una opción siempre polémica que
ahora mismo ha elegido la Generalitat de Catalunya aprobando un
nuevo gravamen en las gasolinas cuyos beneficios servirán para
financiar la sanidad pública.
La medida ha sido acogida con cierta preocupación por la mayor
parte de los agentes sociales, pues a nadie se le escapa que con
este tipo de decisiones los catalanes tendrán que pagar más que el
resto de los españoles por consumir el mismo producto, lo cual
resulta injusto. Pero hay más, porque elevar los impuestos
indirectos de un bien de primera necesidad como son los carburantes
implica una subida inmediata del Índice de Precios al Consumo y,
por ende, el consecuente encarecimiento de casi todo lo que debe
ser transportado.
Como suele ser tradicional, los nuevos responsables de la
Generalitat justifican esta medida en el lamentable estado en que
han encontrado las arcas públicas tras el paso de CiU por el Govern
durante veinte años. Como ejemplo, baste decir que el déficit
sanitario alcanza los tres mil millones de euros.
Todos sabemos que la izquierda siempre ha defendido la subida de
impuestos para financiar la mejora de los servicios públicos, pero
se sobreentiende que deben ser quienes más ganan los que asuman los
mayores sacrificios.
En este caso no será así, porque la gasolina es un producto de
primera necesidad cuya subida de precios afecta al total de la
población y a sectores productivos muy concretos que viven en una
crisis secular, como la agricultura y la pesca. Así únicamente se
conseguirá encarecer la vida en Catalunya, lo que debería llevar a
que sea una medida transitoria y de emergencia hasta estabilizar
ese déficit.
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