El juicio contra los tres presuntos culpables del asesinato de
la joven Sandra Palo (violada en repetidas ocasiones, atropellada
varias veces y quemada estando inconsciente) vuelve a poner sobre
la mesa la eficacia de la ley de responsabilidad penal del menor.
Los presuntos autores de este crimen son menores y, según marca la
ley, se les podría castigar con un máximo de ocho años de
internamiento, pena que podría ser desproporcionada, por inferior,
a los hechos que les imputan.
Por ello, hay que acoger con optimismo la propuesta del ministro
de Justicia, José María Michavila, de establecer los primeros
contactos con los partidos políticos para modificar la ley. Tal vez
llegue tarde y mal, pero llega con el propósito de conseguir el
máximo consenso y proporcionalidad entre la dureza de las penas y
la gravedad de los delitos cometidos, sin olvidar la necesaria
reeducación del menor. La Ley del Menor tiene una buena base, pero
ha resultado insuficiente para hacer frente a delitos tan graves
como el que se juzga durante estos días en Madrid. Ante jóvenes que
pueden violar, atropellar y quemar a una persona, los partidos
deben conjugar con la misma intensidad penas y reinserción.
La reforma de la Ley del Menor es necesaria, como lo es también
disponer de un amplio consenso y de los medios necesarios para
poder desarrollarla. Sin ambas cosas, su efectividad puede quedar
mermada y, con ello, el futuro de los menores infractores y de las
familias de las víctimas que han sufrido el delito. La propuesta
del Ministerio de Justicia representa un paso adelante para mejorar
la ley. Aunque no sea una prioridad para Michavila, la posible
reforma no debería dejarse en un cajón, a la espera de que se
calmen las aguas del juicio de Sandra Palo.
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